El Algarrobico y el Caso Poniente, ejemplos de mal funcionamiento de la Justicia

Dos casos judiciales con protagonismo almeriense han puesto en evidencia esta semana que la administración de la Justicia en España no funciona con el nivel de agilidad que demanda una sociedad moderna. El bucle permanente en el que se encuentra enrocado el procedimiento que se sigue en torno al Algarrobico y la espera aún no concluida de la sentencia del Caso Poniente, después de su interminable instrucción, son dos ejemplos contrastados de que los recorridos judiciales no transcurren por las vías de normalidad que la sociedad exige.

Si en la mañana del 21 de febrero de 2006 en la que Jesús Rivera firmó en su en su despacho de la cuarta planta del edificio judicial de Oliveros el auto que ordenaba la paralización cautelar de las obras del Algarrobico alguien hubiera defendido que, 16 años después, el procedimiento judicial estaría todavía en su punto inicial-instar al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia de obras- nadie lo hubiera creído o, en mejor de los casos, alcanzaría el calificativo de extravagante.

Aquel auto del magistrado Rivera ha sido en todos sus términos confirmado por el Tribunal Supremo en su sentencia de esta semana. El argumento del juez almeriense sostenía la ilegalidad de la edificación por contravenir dos normativas sectoriales: la Ley de Costas y la ley de medio ambiente. Cuando el magistrado Rivera firmó aquella mañana su auto ni él mismo era consciente del terremoto medioambiental, jurídico, político, mediático y procesal que estaba desencadenando. La obra estaba casi al 95% de ejecución. 16 años más tarde la obra sigue intacta, aunque sentenciada, y su imagen se ha convertido en un icono de la destrucción del litoral en España.

Doctores tiene la iglesia y juristas los tribunales para explicar desde la arquitectura garantista de la técnica procesal la resolución de un procedimiento cuya tardanza es, desde la lógica del sentido común, inexplicable. Dieciséis años de espera que, sin duda, se verán ampliados en bastantes más, lo que pone en evidencia que algo no funciona correctamente en la administración de la Justicia en España.

Regresando a territorios más domésticos, esta semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía censuró el inexplicado e inexplicable retraso que lleva acumulado la sentencia del caso Poniente. Desde aquella otra mañana del 2009 en la que la policía entró en las dependencias del Ayuntamiento de El Ejido han transcurrido 13 largos años y todavía continuamos esperando la sentencia de un procedimiento que tardó más en instruirse, celebrarse y sentenciarse que el del 11 M. La complejidad del presunto saqueo de los fondos públicos llevado a cabo exigía un recorrido minucioso, sin duda. Pero muchos mas complejos en su tramitación han sido otros “Casos” sucedidos en los últimos decenios y ninguno o muy pocos han acumulado la tardanza que acumula los hechos sucedidos en el ayuntamiento ejidense y sus entornos.

El trabajo de la Justicia debe estar marcado por la ponderación, la mesura y el equilibrio. Lo que resulta irrazonable es que la aplicación de estas tres imprescindibles características acaben saltando por los aires del sentido común cuando los procesos, como el de El Algarrobico o el Caso Poniente acaban corriendo el riesgo de ser percibidos por la ciudadanía como protagonistas de un viaje a ninguna parte.