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Imaginemos que se vendiera alcohol y tabaco a niños a partir de los doce años. Y que en ese extraño escenario se quiere frenar estas adicciones entre nuestros hijos. Y para ello, el Gobierno aprueba un ‘pin parental’ para que los menores no se excedan de veinte cigarrillos al día, o para que no beban ron ni vodka y solo se limiten a whisky y ginebra. Además, imaginemos que este mismo gobierno presenta como parte de la solución, talleres escolares de concienciación sobre alcoholismo. Los miles de psicólogos y pedagogos que salen cada año de las universidades ayudarían a que nuestros niños y adolescentes sepan distinguir el alcohol de calidad del de garrafón, a evitar los pitillos sin filtro y a rechazar el apestoso tabaco negro. Curiosamente, en este mundo distópico, a nadie se le ha ocurrido prohibir ni alcohol ni tabaco. “¡Prohibido prohibir!” es un lema de los bien pensantes; también gustan de frases como “es mejor concienciar que prohibir”, “no se puede luchar contra el futuro” y “no se pueden poner puertas al campo”.
Esto es una distopía, un subgénero de pensamiento sociopolítico que enseño a mis alumnos. Pero también es una triste realidad en España. Cambie usted “alcohol y tabaco” por ‘smartphones’, esos miniordenadores que llevan sus hijos en sus bolsillos. Llevan consigo un mundo adictivo tan dañino para ellos como el tabaco y el alcohol. Pierden capacidades intelectuales, atención, concentración, sueño, autoestima… Absurdamente, se comprende y se acepta que cigarrillos y alcohol estén prohibidos pero no ocurre igual con los móviles. Y sale el Gobierno con medidas que son un paripé, un parche cobarde ante las poderosas empresas internacionales. No se atreven a poner freno a la mayor estafa del siglo XXI.
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