Seguro que usted está acostumbrado a escuchar que todos los políticos, todos por igual, son unos ladrones dedicados en cuerpo y alma (si la tuvieren) al desvalijamiento de las administraciones. Escúchelo, pero no lo crea, ni lo asuma. Todo ese discurso anti-sistema es propio de sociedades con un pésimo sustrato educativo y cierto subdesarrollo democrático. No contribuya a su difusión, porque es una idea que nos empobrece como sociedad.
Ahora bien, el mejor modo de corregir los desafortunados tópicos acerca de la propensión natural del político a la golfada es actuar de modo inflexible con los presuntos implicados. Pero para cumplir tan deseable objetivo no ayudan en nada peripecias jurídicas como la del ex alcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra, que fue probado responsable de un delito de cohecho al recibir en 2005 la cantidad de 30.000 euros de un empresario a cambio de una licencia de primera ocupación. Supongo que todos ustedes recordarán las imágenes grabadas con cámara oculta por el propio empresario que recogían el glorioso momento en el que el regidor contaba la pasta y se la llevaba al bolsillo advirtiendo que le faltaban mil eurillos. Pues bien, la Fiscalía que lleva investigando el caso desde 2009 acaba de decir que el licencioso alcalde no tendrá que sentarse en el banquillo porque el delito ha prescrito. Supongo que el tema se ajustará a derecho y que no habrá más remedio que hacerlo así. Pero sobre el aire queda un tufillo fétido que no prescribe por mucho ambientador jurisprudencial que queramos esparcir para enmascarar el bochorno.
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