El conflicto sanitario

La salud es lo primero. La verdad también. Con los médicos a la cabeza, el sector sanitario público está en pie de guerra con huelgas y encierros para protestar por la política de algunos gobiernos autonómicos en materia de sanidad pública. Los profesionales se sienten víctimas de recortes  de salario y denuncian iniciativas de los políticos para ir poco a poco privatizando hospitales y centros de salud. 

Primero fue la gestión, después, servicios tales como los laboratorios de análisis, las lavanderías o el catering y sospechan que por ese camino la iniciativa privada irá ganando espacio. Argumentan que no se puede ofrecer a los pacientes los mismos servicios médicos y con la misma calidad si, para ahorrar costes, se van reduciendo las plantillas. La sanidad pública española goza de la confianza de los pacientes y tiene prestigio internacional. Es un bien público conseguido con las aportaciones de todos los españoles a lo largo de las dos últimas generaciones y hay que preservarlo. 

La réplica de los políticos que toman las decisiones por decreto es conocida: niegan la mayor. Se trata -dicen- de optimizar los recursos, de racionalizar la gestión dejando las cuestiones clínicas en manos de los profesionales. Los afectados recelan. Lo ocurrido en Madrid con el Hospital de la Princesa es revelador. El Gobierno regional ha reconsiderado el plan inicial  (convertir en geriátrico un magnífico hospital de referencia en una veintena de especialidades), tras una lucha que unió a todos los profesionales y consiguió el apoyo de miles de ciudadanos. Dieron marcha atrás, tras las movilizaciones ¿Por qué no consultaron antes con los profesionales? ¿Por qué hay que llegar al conflicto? ¿Por qué no hay voluntad de resolver los problemas en vez de crear otros nuevos? Cuesta entenderlo porque la democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años.