Alguien podía pensar que con el rescate de las cajas de ahorro controladas por el PP a costa de los ciudadanos y con la incautación y requisa de los ahorros de los particulares que previamente aquellas se habían apalancado mediante una fraudulenta operación de despojo masivo, el Gobierno había tocado fondo, pero incluso ese alguien optimista, o criado en los principios de la decencia, reconoce hoy que no, que no había tocado fondo, pues salvo que en las últimas horas el Boletín Oficial del Estado haya publicado la convocatoria de elecciones generales, ahí sigue, cayendo y arrastrando en su caída hacia un fondo abisal a los españoles. Si en España hubiera un verdadero Estado amparador de todos los españoles, habría también un presidente que, ante la situación de extrema gravedad creada por el actual Gobierno, llamaría a consultas a partidos, sindicatos, universidad, movimientos ciudadanos, judicatura, prensa, comerciantes, intelectuales, empresarios, a fin de buscar soluciones que propiciaran detener la hemorragia, poner término al sufrimiento, devolver la seguridad jurídica, y, sobre todo, encauzar la desafección general hacia la clase política y dirigirla a un propósito positivo y regenerador. Pero no hay Estado digno de ese nombre, ni presidente, ni república ordenada, ni propuesta política que evite el colapso y la dilución. No se puede gobernar contra las personas por mucha mayoría absoluta que se tenga, bien que obtenida del mismo modo que las cajas comercializaron las preferentes, con engaños. El "caso Bárcenas", que es el "caso PP", no es sino la gota que colma el vaso del hartazgo de la ciudadanía, que ya no se resigna al grosero simulacro de la democracia, sino que exige la democracia real, limpia, por instinto de supervivencia.
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