Blanco y el fiscal

Curiosa comparecencia ante los periodistas la del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco, este martes en el Congreso. Fue una réplica al escrito de 28 folios del fiscal del llamado caso Campeón, en el que éste pide al juez Soriano, del Tribunal Supremo, que tramite la correspondiente petición de suplicatorio ante el Congreso de los Diputados, a fin de poder sentar en el banquillo al exministro por un presunto delito de tráfico de influencias. 

Como mínimo puede hablarse de apresuramiento por parte de la Fiscalía. Parece tener prisa por sentarle en el banquillo. Está en su papel. Sin embargo, no es el fiscal sino el juez el que sienta o deja de sentar a alguien en el banquillo, el que dicta o deja de dictar un auto de procesamiento. Por ahí va Blanco cuando dice: “Si una vez concluida la instrucción, se decidiera finalmente dictar un auto de apertura de juicio oral, haré lo que debo hacer, que es presentar mi renuncia como diputado”.

No es normal que un político bajo sospecha, construida más o menos artificialmente a lo largo de un inacabable rosario de diligencias, se ponga a disposición de la Justicia sin conservar los privilegios propios de un aforado. Siempre, naturalmente, que la Justicia aprecie los suficientes indicios como para llevarle al banquillo. Cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Y si ocurriese, ya anuncia el exministro que él mismo apoyaría la concesión del suplicatorio o, en su caso, lo que viene a ser lo mismo, renunciaría a su acta de diputado para que el suplicatorio fuera innecesario.

Lo que tiene poco sentido es que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, haya dado luz verde al fiscal del caso para reclamar el suplicatorio cuando la instrucción no se ha cerrado y hay diligencias abiertas. Incluidos algunos recursos presentados por el propio José Blanco que están pendientes de resolución. Lo lógico hubiera sido esperar a que todo eso se lleve a cabo. Pero la Fiscalía ya ha dado el paso de pedirle al juez que inicie los trámites ante el Supremo. Un único supuesto delictivo se señala en su escrito: tráfico de influencias. Se han ido cayendo otros, como el cohecho y la prevaricación, sobre los que ha venido trabajando durante estos últimos meses.

De los supuestos “trinques” de Blanco en aquella nada misteriosa  gasolinera de Lugo nunca más se supo. Las acusaciones del tal Dorribo, difundidas a través de cierto medio de comunicación, se han ido desinflando. Queda una, deducida de unas transcripciones telefónicas realizadas sin autorización judicial. Tiene que ver con la construcción de una nave en el aeropuerto del Prat con la supuesta intervención del entonces ministro de Fomento a favor de un empresario amigo. Ya veremos si lo que para el fiscal es un supuesto delictivo lo es también para el juez. Si así fuera, Blanco ya ha anticipado que dejará el escaño. Me parece la actitud más responsable de un servidor público bajo sospecha.