Me pregunto si alguno de los pacíficos y animosos escracheadores que se preparan para pasar una alegre e informativa primavera frente a las sedes del PP y de algunas entidades financieras sabe que, desde mayo de 2012, la Junta de Andalucía ha notificado más de cien desahucios por impagos en sus viviendas públicas. También deberían saber que gran parte de los procesos de desahucio en marcha se iniciaron, con todas las de la ley, durante los gobiernos de Zapatero, quien sistemáticamente desoyó cualquier tipo de modificación o cambio legal en esta materia, sin que ninguno de todos estos pacíficos y animosos atosigadores domiciliarios dijeran ni pío. Por eso me hace mucha gracia ver ahora a la Junta de Andalucía y al PSOE, -valga la redundancia- elogiando y aplaudiendo esa ocurrencia de su consejera escracheadora, Elena Cortés (IU) de expropiar “temporalmente” las viviendas sujetas a un proceso de desahucio instado por una entidad bancaria. De momento los bancos; después, quién sabe. Al margen del tufillo castrista y bolivariano de semejante intervencionismo, tampoco conviene perder de vista que esta megafonista con despacho y coche oficial, (la misma que aprobaba tranquilamente desahucios en su etapa de consejera en Cajasur) se niega a que las casas de protección oficial de la Junta de Andalucía (a finales del año pasado había unas 5.000 vacías) entren en su capítulo de expropiaciones. Es decir, que la Junta pretende expropiar las casas de los bancos para “evitar las tragedias” y “salvar vidas”, pero sin poner sus viviendas vacías a disposición de los desahuciados. El progresismo bien entendido empieza por uno mismo.
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