Pueblos en cueros

Las reformas, el desmesurado afán por justificar decisiones y medidas encaminadas a la reducción de inversiones públicas por mor de la usada y abusada crisis llegan a los lugares más recónditos de nuestra geografía, en los que, como en  las urbes, los ciudadanos se echan las manos a la cabeza entre maldiciones y exclamaciones de incredulidad. Tal es el caso de paisanos y vecinos que no aciertan a creer lo que les anuncian desde los diferentes estadios de las administraciones. Hace unos días, al pasar por la caja de un supermercado de mi pueblo, unos folios de recogida de firmas llamaron mi atención, por lo que no pude resistirme a prestarles   cierta atención. Se trataba de  un documento promovido por una asociación en defensa de la justicia de proximidad que clama a ayuntamientos y a afectados por la que se les viene encima  a causa de la aniquilación de los juzgados de paz, unos órganos judiciales arraigados y consolidados con más de ciento cincuenta años de historia. Los más perjudicados serán  los hijos de los pueblos pueblos, de esos pequeños lugares que aún, pese a todo cuanto llevan soportado, guardan en sus entrañas un encanto especial, un atractivo irresistible que solo valoran quienes acuden  desde fuera.

La justicia de paz

Por lo general nunca se valora lo que se tiene hasta que se pierde y esto es los que les va a ocurrir a los habitantes del mundo rural cuando se haga realidad la reforma promovida por el ministro de Justicia que hará desaparecer las dos cualidades que más caracterizan a la justicia de paz: la proximidad, la cercanía, y que dejará de ser gratuita. La desaparición de los juzgados de paz conllevará también la de los registros civiles que se privatizarán y pasarán a depender de  los registradores, a quienes habrá que pagar jugosos aranceles, además de los gastos y molestias de desplazamientos a los que habrá de hacer frente cualquier hijo de vecino que resida en alguno de los cerca de ocho mil municipios afectados por esta “lúcida” reforma. Los juzgados de paz conforman la primera estructura judicial del Estado, en tanto que la justicia de paz es una parte fundamental de la justicia actual que se sirve de los titulares de dichos órganos como mediadores que conocen como nadie la realidad social de su entorno y, por lo tanto, de los administrados, es decir de los destinatarios del servicio público de la justicia.

 Poco a poco, en nombre de las medidas contra la crisis se esquilman los servicios públicos que históricamente tienen  los ciudadanos. No es de extrañar que al hilo de la firma del documento del supermercado en contra de la desaparición de los juzgados de paz y registros civiles, la cajera me espetara con la mayor naturalidad: ¡Como sigamos así con los recortes los pueblos se van a quedar en cueros!.