Demasiada fiebre recaudatoria

De un tiempo a esta parte las arcas públicas deben andar más limpias que una patena. La ciudadanía, en general, es consciente de cuán tieso está el país y nuestra eficaz, ágil y eficiente administración pública. Dicha administración se define como la organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder  legislativo y el judicial. De un tiempo a esta parte se ha generalizado en la ciudadanía la sensación de sentirse desprotegida, cuando no más agraviada, agredida y, si me apuran, más asaltada que nunca.

No todo mortal conoce el principio procedente del Derecho Romano de que “la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento”, pese a lo cual todos lo aceptamos como válido. Aún así, sobre la Administración pesa el deber de “respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”. Sin embargo, la excesiva diligencia de algunos funcionarios lleva esta máxima a pasar por la entrepierna de los mismos.

Tres casos, tres, acaecidos durante días sucesivos en la última semana a otros tantos ciudadanos conocidos por quien suscribe aseveran mi afirmación. Tres denuncias por agentes de la Guardia Civil a otros tantos conductores por haber expirado en dos y tres meses el plazo de revisión de ITV han acabado en sanción. No les han servido de nada el sincero argumento –real, por otra parte, y al parecer innecesario- de la inexistencia de aviso postal con antelación por parte de la administración correspondiente, como durante mucho tiempo se ha hecho, del vencimiento de vigencia de la inspección, ni el olvido involuntario por confiar en la oportuna comunicación. ¿Dónde está el respeto a la buena fe y a la confianza legítima? Tal vez en la fiebre recaudatoria que afecta en demasía a nuestra Administración, incluido el Ministerio del Interior.