Preferentes: A contra B

De un Gobierno que valida la sustracción de la propiedad legítima de los ciudadanos, los ahorros en A de quienes vivieron por debajo de sus posibilidades y que hoy precisan de esa reserva tan vilmente escamoteada para sobrevivir a las calamidades que ese mismo Gobierno ha desencadenado, puede esperarse cualquier cosa, bien que sólo del género de lo malo. 

Si el Gobierno es capaz de urdir una combinación con los prestamistas internacionales para despojar a la gente honrada del fruto de su trabajo, de su virtuosa previsión y de sus privaciones materiales, ejecutando con ello el mayor despojo de la población desde la Guerra Civil, es natural que no le tiemble la mano, ni la conciencia, al decretar la severa degradación de la Sanidad, de la Educación, del mantenimiento de las carreteras o de las leyes laborales que ponían algún dique a la explotación de las personas.   

A punto de expirar el inhábil agosto en los Juzgados, las demandas de las víctimas de esa requisa masiva, la de sus ahorros mediante la estafa de las Preferentes y Subordinadas perpetrada por los bancos nacionalizados con la anuencia del Gobierno que la ha convalidado, lloverán en septiembre, y lo que sería tan fácil como la devolución inmediata e íntegra de lo sustraído, se convertirá en otro oneroso calvario para las víctimas, que pese a obtener un porcentaje abrumador de sentencias favorables, habrán de soportar, encima, los sistemáticos recursos de las demandadas, que pagan a sus abogados con el dinero que las víctimas depositaron una vez en las cajas de ahorros que se publicitaban como entidades solventes y decentes que destinaban parte de sus beneficios a obra social.   

La humilde contabilidad de los ciudadanos estafados y vueltos a estafar con el canje/sirla por acciones, y burlados por un "arbitraje" delirante y mendaz, fue siempre en A, esto es, transparente, contributiva y legal. 

Se trataba del dinero del pueblo, de su pan, de su bienestar, de su honradez y de su libertad.