Mientras la Guardia Civil sigue deteniendo a cargos sindicales acusados de malversar el dinero que la Junta de Andalucía les entregaba para formar a los parados y los juzgados siguen reclamando la presencia de altos cargos del gobierno autónomo para explicar qué ha pasado con millones de euros desaparecidos, la que está desaparecida de verdad es la presidenta Susana Díaz, que se ha enfrascado en una especie de tour de visitas políticas para escapar de la incómoda actualidad judicial andaluza.
Y eso no es todo. En un nuevo gesto de desprecio a la democracia, la misma presidenta que ha anunciado “tolerancia cero” con la corrupción y que no le iba a “temblar la mano” a la hora de adoptar medidas contra el fraude, sigue dando órdenes a sus compañeros de partido y a sus socios comunistas para que impidan y bloqueen las peticiones que el grupo parlamentario del PP está haciendo para que se celebre un Pleno Extraordinario que aborde la situación de la corrupción en Andalucía.
Naturalmente doña Susana prefiere irse a cenar a Valencia con sus compañeros socialistas y soltar allí grandes frases sobre la democracia y la libertad, mientras ha dejado dadas órdenes férreas en Andalucía para que se oculte a los andaluces la situación real de su comunidad y de los numerosos delitos e irregularidades que se han cometido al amparo y con el conocimiento necesario del gobierno de la Junta de Andalucía. Y esto no lo digo yo, sino que lo apuntan las investigaciones de la Guardia Civil.
Resulta francamente bochornoso que una comunidad en la que existe un 36% de paro y que es noticia en el resto de España por la connivencia delictiva entre gobierno autónomo y sindicatos amigos esté presidido por una señora a la que parece importarle cualquier cosa antes que Andalucía.
Decía el otro día el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, que la presidenta Susana Díaz está actuando con cobardía el negarse a dar explicaciones en el Parlamento de todos los andaluces.
Y es verdad. Este “cero” en transparencia y tolerancia de la señora Díaz, después de haberse hecho público que la jueza que instruye el caso ERE haya ampliado la investigación a las ayudas otorgadas por la Junta en los años 2011 y 2012, cuando ella ya formaba parte del gobierno autonómico como Consejera de Presidencia y con José Antonio Griñán como presidente autonómico, sólo puede considerarse un acto de absoluta cobardía.
Pero el tiempo pone a cada cual en su sitio. Ya se verá quién era quien firmaba convenios con UGT para financiar las sedes del PSOE con dinero público de los andaluces. Al tiempo.
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