Pero, ¿quién programa en el PP?

Hubo en este país hace no muchos años, un distinguido político de izquierdas, de cuyo nombre prefiero no acordarme, a quién se atribuyó la frase  de “que los programas de los Partidos Políticos para las elecciones se hacían para no cumplirse”.Desgraciadamente, este hecho viene siendo bastante frecuente desde hace tiempo, lo que contribuye, seguramente entre otras cuestiones, a la desafección que los ciudadanos vienen mostrando en las repetidas encuestas de opinión, hacia estas organizaciones.

Todo lo que antecede, viene a colación sobre la más que probable retirada de la circulación del Anteproyecto de una nueva Ley del aborto, derogando la existente, aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de debatir en el Congreso de los Diputados.

De nada han servido los informes favorables del GPJ, del Consejo de Estado y del Comité de Bioética creado al efecto y el propio convencimiento, se supone, de los redactores del programa electoral del PP.

Podría argumentarse que alguno de los incumplimientos electorales del Partido Popular, votado en su momento, no se olvide, por más de 11 millones de ciudadanos, vendría motivado por la desastrosa situación económica que encontró el Sr. Rajoy, y su gobierno, al asumir la gobernanza del país, incumplimientos que, por otra parte, han producido importantes repercusiones electorales en forma de pérdida de votos, en las no muy lejanas elecciones europeas, pese a que esas medidas seguramente no había más remedio que aplicar.

Pero la no tramitación de una nueva Ley del aborto no supone ningún coste económico que haga imposible su aplicación. Más bien, habría que pensar que este nuevo incumplimiento se produce porque una parte del Partido Popular o algún consejero visionario, intuyen que la derogación de la actual Ley de plazos, la denominada Ley Aido, tendría repercusiones negativas en forma de votos para este partido.

Los intereses partidistas no debieran estar nunca por encima de postulados éticos. La defensa del derecho a la vida del no nacido debiera ser de interés general, al margen de otros intereses, incluso demográficos, tampoco desdeñables. La Ley debiera ser aprobada, con los matices necesarios, primero porque el PP no creía en la actual Ley, de ahí su recurso ante el Constitucional, pendiente de sancionar desde hace más de 4 años, que esta es otra para escándalo del personal, y después por convencimientos políticos personales de los miembros del Gobierno y de su Grupo Parlamentario.