La Infanta y el gordo

La decisión del juez Castro de sentar en el banquillo a la Infanta Cristina por la presumible comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública es admirable no sólo por la valentía que revela, pues las presiones para impedírselo han sido brutales, sino porque recoge y asume, desde la impecabilidad jurídica, la defensa de la ley y de los intereses ciudadanos que ésta ampara, y que, por la inhibición de la Fiscalía y hasta de la acusación particular, pudiera haber quedado desarbolada. Un juez valiente es un juez justo, bien que, como es natural, dentro de los límites de la falibilidad humana, y sobreponiéndose a las presiones y despreciando la ominosa "doctrina Botín", el juez Castro ha demostrado, durante toda la instrucción y en su remate, serlo.

Aunque en sólo uno de los cien mil números agitados por el bombo ha recaído el Gordo, podría decirse que a todos los españoles les ha tocado, a los que juegan y a los que no juegan a la Lotería, con el designio del juez Castro. Otro Gordo. No ese dinerario y mordido por el descuento fiscal que cantan los niños de San Ildefonso, sino ese otro más trascendente y repartido de saber que el sucio mundo de los privilegios puede ser, es, combatido. Si el juez Castro, ante la convicción acreditada con pruebas de que Urdangarin no habría podido tangarnos lo que nos tangó sin el concurso o la cooperación necesaria de Cristina de Borbón, hubiera exonerado a ésta de toda responsabilidad por ser quien es, un miembro de la Familia Real, los españoles no sólo no habríamos ganado hoy ni un céntimo en el Sorteo de Navidad, sino que todos habríamos perdido, encima, el último adarme de dignidad ciudadana y la confianza en el último vestigio de civilidad que queda en el país, y que pese a todo representan los tribunales de Justicia. El juez Castro no ha condenado a la Infanta, sino que la manda a un juicio con todas las garantías en el que podrá defenderse y tratar de establecer, si ello es posible, su inocencia. De no haberla mandado, seríamos todos los demás los que nos habríamos quedado sin garantías e indefensos ante los delitos que torturan, empobrecen y afligen a la sociedad.