Son muchas las cosas que habrá que modificar a corto plazo en nuestra a veces absurda normativa electoral. Esta campaña está mostrando las incongruencias derivadas de que un partido que saca más votos que otro tenga, en cambio, menos escaños. O lo absurdo de algunas prohibiciones legales, como el no poder publicar sondeos en la última semana de campaña. Y entonces, como nos encontramos en la era de Internet, resulta que las ediciones de determinados periódicos en América Latina, o en Miami, o en Andorra, pueden ofrecer tranquilamente a sus lectores los resultados de las encuestas más recientes incluso en la misma jornada electoral.
Y, así, entre las muchas peculiaridades que aporta la campaña electoral española, se encuentra el hecho de que la web de un determinado periódico, que se edita en Barcelona, pero que tiene su propia página en Andorra, continúa tranquilamente haciendo lo que la ya mentada absurda legislación electoral impide hacer a otros, recortando, de paso, el derecho de los ciudadanos a conocer por dónde van las intenciones de los electores.
Es decir, una información que puede ser fundamental a la hora de emitir un voto, puesto que no es lo mismo dar mucho poder a un partido que puede pactar con otro no deseado que votar directamente a la formación preferida, a la que, sin embargo, se querría dar un voto de castigo favoreciendo a una opción afín.
Conste que no critico, sino que aplaudo, la iniciativa de ese periódico catalán, cuyo nombre no cito para que nadie me acuse de propaganda ilícita, o de cualquier otra transgresión que se le pueda ocurrir a nuestra muy puntillosa y rigurosa Junta Electoral.
Es más: en alguna reciente intervención radiofónica me he permitido leer por encima los titulares de esa web andorrana, porque ¿en virtud de qué ley se le puede prohibir a alguien leer en voz alta lo que dice un medio extranjero? Impedirlo sería vulnerar mi derecho a la libertad de expresión, y nos retrotraería a aquellos tiempos en los que algunos diarios franceses, alemanes o británicos no podían venderse en los quioscos -y menos aún, claro, citarse en los medios nacionales, audiovisuales o escritos, de la época- el día en el que publicaban informaciones molestas para el Régimen entonces imperante.
Estamos en otros tiempos y en otros conceptos, en los que la comunicación, vía telefonía móvil e Internet, con la derivada de las redes sociales, ha avanzado de manera sorprendente e imparable. No es posible seguir funcionando con los viejos esquemas ni en materia de debates electorales -eso ha quedado claro- ni en la comunicación con y a los ciudadanos. Y prohibir la difusión -que no la elaboración, porque vaya si se están elaborando, para que las conozcan unos pocos, para su ventaja- de las encuestas a partir de un determinado momento es más de lo mismo: está caducado, aunque siga, como tantas cosas ya inservibles, vigente.
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