En el país de la burocracia

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha empezado el año con una ‘buena nueva’: un decreto para sustituir los trámites previos de autorización de 36 actividades económicas por una declaración responsable de que se cumplen las exigencias legales. “Permitirá –dice- ahorrar una media de seis meses a la hora de abrir un negocio, fomenta el crecimiento económico y, con él, la creación de empleo, y potencia la eliminación de trabas como un factor de competitividad que anime a la actividad económica". Cuando uno ve cómo un responsable político habla con tanta euforia de las bondades de una medida administrativa, es inevitable preguntarse algo así como “joío, y sin tan bueno es eso, ¿cómo no se os ha ocurrido antes?”.
El problema burocrático de las Administraciones española y andaluza es ancestral. Con el paso del tiempo, el problema, lejos de resolverse, se ha agravado. Reconozco que carezco de datos para ratificar o desmentir su veracidad, pero en el resto de España abunda la creencia de que la Junta de Andalucía es la administración autonómica más burocratizada de España. Lo he comentado alguna vez: en cierta ocasión me preguntaron en Madrid si era verdad que en Andalucía, para mover un esparto, había que pedir permiso a la Junta. “Si lo del esparto me lo dices de forma específica, es cierto”, respondí, “en Andalucía, para arrancar una mata de esparto, hay que pedir autorización a la Junta”.
El Gobierno andaluz debe ser consciente de que, efectivamente, las trabas burocráticas nos ahogan. Solo así se explican tantos anuncios reparadores. Recordemos algunos:

Enero de 2013: El secretario general de Economía, Gaspar Llanes, informa de que la Junta revisa 1.000 procedimientos para identificar, simplificar y reducir las posibles trabas administrativas. Enero de 2014: Susana Díaz anuncia un proyecto de ley para la mejora de la regulación económica con dos objetivos: eliminar las autorizaciones administrativas que no estén justificadas y simplificar los requisitos para la creación de empresas. Abril de 2014: El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, informa sobre la aprobación de un Decreto Ley de reducción de trabas administrativas para las empresas. Septiembre de 2014: El Parlamento aprueba la Ley de medidas para reducir trabas administrativas para las empresas, que permitirá simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica y que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica.
Hace un par de años, este mismo consejero dijo que su consejería había detectado 256 trámites administrativos que no tienen utilidad alguna. ¿Cuántos se han eliminado? Seamos realistas: pocos.