La multa de la UE por la admisibilidad de pactos pone en peligro las ayudas de la PAC

La sanción de 262,8 millones de euros impuesta por Bruselas a España debido a la mala gestión del Coeficiente de Admisibilidad de Pactos (CAP) puede poner en riesgo el abono de las ayudas de la PAC a los agricultores andaluces.  

Esta multa impuesta por la Comisión, que afecta a 11 comunidades autónomas, ha puesto a las administraciones en pie de guerra contra el Gobierno central. Recientemente, la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, pedía al Gobierno que no derivase la sanción, que en el caso de Andalucía asciende a 63,7 millones de euros, por haber realizado la incorporación de la CAP al ordenamiento jurídico nacional "tarde y mal". 

Así se ha referido la consejera a este hecho durante la Mesa de Interlocución Agraria mantenida en Sevilla junto a los sindicatos UPA, Asaja, Coag y Cooperativas Agroalimentarias, que han mostrado su respaldo a la decisión de la Consejería de Agricultura de recurrir al Ejecutivo nacional esta decisión. 

Durante el encuentro, la representante del Gobierno andaluz ha lamentado que sus homólogos centrales no solicitasen ante las instituciones europeas una suspensión cautelar de la medida, "como instamos desde Andalucía", y que finalmente haya derivado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas".  

La consejera ha recalcado la injusticia de esta decisión, y ha adelantado que ante las graves consecuencias económicas que se derivarían de la inminente ejecución de la misma, desde Andalucía "vamos a presentar un recurso contencioso administrativo contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento".  

El motivo de esta denuncia no es otro que prevenir que "pueda ponerse en riesgo el abono de las ayudas de la Política Agrícola Común, que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros y afectan a más de 300.000 agricultores, junto a ganaderos y empresas agroalimentarias".