La UE pondrá coto al abuso en los precios agrícolas

Los agricultores almerienses suspiran para que esta vez sea cierto; la Comisión Europea ha dado a conocer una propuesta de directiva que pondrá orden en los mecanismos de formación de los precios que, en teoría, viene a poner coto a los abusos y las prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria.

Se trata de una medida que desde hace años reclaman con fuerza las principales organizaciones agrarias que claman por el hecho de que los precios que pagan los consumidores por los productos en destino son hasta diez veces superiores a los que se pagan a los productores.

La Unión de Pequeños Agricultores, una de las organizaciones agrarias más activa en esta demanda, lanzaba un “por fin” tras el anuncio de Bruselas y afirmaba que, como se ha apuntado desde la Comisión “estamos en un mercado único y la lucha contra las prácticas abusivas debe ser un objetivo común para todos”.

Años de protestas
El plan que ha presentado la Comisión a la Eurocámara llega tras más de una década de continuas acciones de los agricultores, en lucha por unos precios justos para sus producciones. Desde UPA el mensaje es en este caso que “más vale tarde que nunca” y se muestran ansiosos de ver aprobada la directiva.

Lo que, de forma tácita, está reconociendo la Comisión Europea es que los sistemas voluntarios y los códigos de buenas prácticas no bastan para impedir los abusos de los grandes grupos de la distribución, y de hecho ya se han levantado numerosos expedientes por prácticas que contravienen las normas de la cadena alimentaria.

Para organizaciones agrarias como Upa o Coag, “demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años; tiene que haber una regulación dura que les obligue a actuar con responsabilidad tanto ante los productores como ante los consumidores”.

Los datos recopilados por el COPA-Cogeca el 21 por ciento del precio de un producto va para el agricultor o ganadero, el 28 por ciento para la transformación y el 51 por ciento para la distribución, unos datos que según la secretaria general de la Upa-Almería, Francisca Iglesias, son la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario que sea más justo con los productores y con los consumidores”.

Nuevas reglas
Una vez que la directiva sea aprobada por Bruselas deberá ser trasladada a la legislación nacional en un plazo máximo de dos años desde su publicación. Entre las propuestas del proyecto de prácticas comerciales prohibidas están: periodo de pago a 30 días; cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos; cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos o exigencia de pago de mercancías que se hayan estropeado por parte del comprador

En el caso de España el control establecido por la Comisión Europea recaerá en la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).