El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó una serie de normas, o modificaciones de las ya existentes, destinadas a poner coto a la crisis de precios que están sufriendo los agricultores, normas y medidas que han sido demandadas en las últimas movilizaciones realizadas por el sector.
Probablemente la más llamativa es la que se refiere a prácticas del sector de la distribución que tienen una incidencia negativa en los precios de los productos hortofrutícolas, como las llamadas ‘ventas a pérdidas’ o la utilización de hortalizas como ‘productos reclamo’.
El real decreto al que el Gobierno dio ayer vía libre recoge que los establecimientos comerciales que vendan productos alimentarios de forma reiterada a un precio inferior a los costes de producción incurrirán en una falta muy grave cuya sanción oscilará de 100.000 hasta un millón de euros.
Precios y costes
Lo explicaba el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la reunión del Consejo de Ministros, afirmando que se ha decidido tipificar como grave la destrucción de valor en la cadena alimentaria a través de la venta de un producto por debajo del precio de producción, una cuestión que en su redacción anterior no se recogía.
Al ministro no le dolieron prendas al reconocer que la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada por el anterior gobierno del PP era ‘muy buena’, aunque matizó que se trataba de una norma coja en algunos aspectos, como el de la venta a pérdidas, que ahora será regulada mediante el decreto ley que comenzará en breve su trámite parlamentario.
El Ejecutivo español está trasponiendo, con esta y otras medidas, algunos elementos de la normativa comunitaria sobre prácticas de competencia desleal en el sector agroalimentario, de forma paralela a como lo están haciendo otros países europeos, casos de Francia o Alemania.
Regulación
La prohibición de la venta a pérdidas es una de las medidas, pero hay otras como la ordenación y generalización de los contratos por escrito en las compraventas de productos hortofrutícolas, lo que permitiría una mejor y más amplia aplicación de las normas, o la regulación de las ‘ventas engañosas’, entendidas como ofertas de precios bajos que lesionan la reputación de productos concretos a través, por ejemplo, de la prolongación en el tiempo de precios muy bajos para un producto “que acaban dando una imagen de que ése es su precio normal”, algo que también ha sido tipificado como grave o muy grave, si se produce reincidencia.
Precio final
Planas está convencido de que estas nuevas normas no tienen porqué incidir en los precios finales para los consumidores, “si cada uno asume su responsabilidad en el marco en el marco de la cadena. El resultado de esa regulación es conseguir que agricultores y ganaderos tengan una mejor retribución por su trabajo que el que están logrando actualmente.
Las sanciones que se deriven del control de las nuevas reglas de juego tendrán publicidad y se darán a conocer por medio de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria llega tras las protestas de los productores. Sus reivindicaciones, según Luis Planas “tienen razón de ser y tienen que ser atendidas”. Es el primer paso de una nueva política de apoyo al sector agrícola.
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