Andalucía apuesta por un mecanismo obligatorio de retirada de aceite de oliva

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la decidida apuesta de Andalucía por un mecanismo obligatorio de retirada de aceite de oliva que sea aplicable a partir de la próxima campaña como fórmula para frenar la crisis de bajos precios que sufre el olivar.

La titular del ramo, quien ha participado hoy en la reunión telemática del Consejo Consultivo de Política Agraria, ha considerado que la medida está “completamente justificada” por la excepcional situación que atraviesa el sector como consecuencia de los injustos aranceles impuestos por Estados Unidos y su efecto sobre las exportaciones de la producción de aceite envasado, y por la actual crisis del Covid-19.

Se trata de dotar al sector oleícola de “instrumentos de autorregulación ágiles” a través de la modificación “inmediata” del artículo 167 del Reglamento 1308/2013 de la OCM, lo que permitiría desde la próxima campaña regular la oferta con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado como ya sucede con el sector vitivinícola.

“Tras una campaña corta, y la reducción de las cantidades almacenadas, los precios siguen siendo bajos. Se avecina una campaña grande y resulta obligado adoptar medidas”, ha señalado Crespo, quien ha repetido que ve necesario también “un nuevo almacenamiento, con un presupuesto superior y niveles de ayuda prefijados”.

Con estas dos medidas, la extensión al aceite del artículo 167 de forma inmediata y un nuevo almacenamiento, la consejera considera que “el sector se colocaría en una mejor posición de salida para la campaña 2020-2021”.

Crespo ha coincidido con el ministro de Agricultura en la necesidad de mejorar la calidad y la trazabilidad del aceite de oliva, estableciendo un seguimiento telemático de todos los depósitos y movimientos del producto. Entre las medidas que ayudarían a aliviar la situación de bajos precios, Crespo ha insistido en la reducción del 100% del IRPF, en la obligación de realizar una diplomacia proactiva que combata los aranceles impuestos por Estados Unidos y en la apertura de nuevos mercados a través de la promoción de un producto saludable, de calidad y un alimento básico de la dieta mediterránea.