Regantes, gobiernos e instituciones de Almería, Murcia y la Comunitat Valenciana se citaron ayer en Alicante para pedir un cambio de rumbo en la política hidráulica en lo que se refiere al trasvase del Tajo-Segura que riega los campos de las tres provincias del sureste español.
Definitivamente el espinoso tema del agua ha pasado a formar parte de la contienda política y más en estos momentos en los que Andalucía se encamina a unas elecciones que están a poco más de un mes de celebrarse y el agua es un tema recurrente en la batalla de las urnas.
Los argumentos
Quizá por esa causa Almería tuvo una presencia importante en la protesta de ayer y sus mensajes estuvieron cargados de críticas hacia el Gobierno central y sus políticas en materia de recursos hídricos. Así lo expresó la delegada del Gobierno andaluz en Almería (en funciones) Aránzazu Martín, que afirmó que las decisiones que está adoptando el Gobierno de Pedro Sánchez “están basadas más en cuestiones ideológicas que en razones científicas”.
Añadió que Andalucía siempre se ha opuesto al incremento de caudales ecológicos “que lo que suponen es recortar el agua a nuestra provincia, un agua que abastece a 130.000 personas en el Levante almeriense y da sustento a más de 20.000 hectáreas de cultivos”.
En esa misma línea e director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta, Fernando Delgado, que criminaliza el cambio de reglas del trasvase y los recortes que provoca “porque nos quieren quitar más de la mitad del agua que venimos recibiendo desde hace cuarenta años”. Tacha ese recorte como medida “arbitraria, totalmente política, que no tiene nada que ver con lo que dicen los técnicos, contrarios al recorte y a que se aumenten los caudales ecológicos, que se traducen en más agua en la cabecera del Tajo y menos en menos agua para trasvasar hacia el sureste”..
Al Océano
Delgado se preguntaba ¿quién sale beneficiado de esa reducción del agua trasvasada? y su respuesta es que “solamente el Océano, porque va a llegar más agua del Atlántico a través de la desembocadura del río Tajo; no lo harán los ciudadanos de Castilla-La Mancha ni los del resto de España ni de Andalucía”.
Fernando Rubio
El presidente de Regantes del Almanzora, se apuntaba también a la teoría de esa motivación “ideológica” en la reforma de la política del trasvase del Tajo “que debería estar dirigido a satisfacer la demanda de agua; por eso estamos aquí, para mostrar nuestro apoyo a la agricultura almeriense”.
Mensajes similares en la mayor parte de los asistentes, entre ellos la patronal agraria Asaja o los regantes del trasvase (SCRATS). Pero al final surgen discrepancias en torno a las posturas. El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, pide que se mantenga el trasvase, pero huye de lo que llamó “posiciones fundamentalistas y viscerales, que sólo provocan enfrentamientos”, y pidió diálogo y consenso para evitar entrar en otra ‘guerra del agua’, donde “unos buscamos soluciones y otros abogan por buscar en el agua una bandera con la que provocar enfrentamientos y sacar de ello réditos electorales”.Apela a trabajar desde criterios rigurosos y serios “para que los regantes tengan agua para siempre, de calidad y a un precio razonable”.
Venta de agua
A pesar a la coincidencia de la mayor parte de los que ayer se manifestaron en Alicante en defensa del Trasvase del Tajo-Segura, salieron a relucir cuestiones que han provocado reacciones en contra. Es el caso de la venta de agua de la Acequia Real del Júcar a Almería que la Unió de Llauradors valenciana califica de ‘trasvase encubierto’ desde una zona en la que los regantes “no tienen aún cubiertas sus demandas de agua y hay zonas en la provincia y en la Comunitat Valenciana que mantienen “un evidente déficit hídrico”. “No puede ser -afirman- que estemos manifestándonos en demanda de agua mientras algunos se dedican a vender el agua a otras comunidades en una maniobra que lo que trata es de lucrarse con un bien público, que es de todos los regantes”, en relación con la venta de 10 Hm3 por 15 millones de euros.
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