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Pocas veces en la historia de los comicios europeos el sector agroalimentario ha planteado tantas reclamaciones y planteamientos como preámbulo de la consulta electoral. Las protestas generalizadas en la práctica totalidad de los países agrarios de la Unión Europea han puesto sobre la mesa algunas cuestiones que entroncan directamente con lo más profundo de la política comunitaria, de manera que cabe esperar un determinado grado de influencia del malestar del campo en las tendencias de voto.
Las marcadas diferencias de posturas sobre la sostenibilidad entre partidos que se sitúan en los extremos del arco político parecen llamadas a abrir un abismo insalvable que puede quedar reflejado de manera contundente en los resultados. En el centro del espectro político, las diferencias de criterio se mueven más en la especulación política y en el contexto de cada país que en los planteamientos de fondo.
La sostenibilidad
El peligro de que todo el complejo y ambicioso aparato normativo europeo de índole ambiental salte por los aires, igualando a la baja un modelo agroalimentario como el europeo, en el que conviven amplias zonas donde se ha avanzado en la implantación de modelos sostenibles, generalmente como consecuencia de la inversión en I+D. Almería es un ejemplo bastante elocuente.
Pero la realidad en cada región agrícola y en cada modelo productivo es bien distinta respecto a la capacidad de adaptación a unas exigencias que, con ser excesivas en algunos aspectos, no pueden ser desdeñadas en toda su dimensión sin correr el riesgo de generar un inútil y peligroso desencuentro ente la sociedad urbana y la rural. Quizás sirvan como ejemplo los resultados de una reciente encuesta presentada por la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), donde se refleja claramente que los ciudadanos españoles consideran mayoritariamente que el cambio climático puede influir peligrosamente en la carestía de los alimentos frescos.
Esta inquietud, presumiblemente extensible a otros países, pone de relieve que para la sociedad no agraria el problema reside, fundamentalmente, en la disponibilidad de alimentos a precios razonables. Y, si para eso es necesario combatir el avance del cambio climático, es muy difícil que las posturas antiambientalistas defendidas desde la extrema derecha en clave agraria sean compartidas por una mayoría de la sociedad.
¿Qué cabe esperar de la sensibilidad política europea respecto a planteamientos tan ambiciosos y generales como la Ley de Restauración de la Naturaleza que ha levantado agrias críticas desde el campo? ¿Es posible la cuadratura del círculo entre la independencia alimentaria y la Naturaleza? Quizás una reflexión compleja y sutil al mismo tiempo que no soporte bien las tensiones de una campaña electoral condicionada por el creciente descrédito de la clase política y la crispación desatada desde las cloacas de WhatsApp.
Las cláusulas espejo
El otro gran tema que ha movilizado a agricultores de toda la Unión Europea tiene que ver con las importaciones de países terceros que compiten con las producciones locales, en muchos casos de manera decisiva.
El concepto “cláusulas espejo” se ha convertido en un estándar de los planteamientos expresados por organizaciones agrarias y sectoriales, así como desde una ingente cantidad de protestas nacidas directamente del sector.
Es una idea generalizada en los distintos ámbitos del descomunal sector agroalimentario europeo la necesidad de hacer cumplir a las importaciones que llegan del otro lado de las fronteras europeas las mismas normas que soportan las producciones locales. Además, este planteamiento, que ha dominado las pancartas y las proclamas de las protestas en los últimos meses, figura de forma explícita en los planteamientos que las instituciones europeas han desarrollado a partir del cuestionado Pacto Verde Europeo y la llamada estrategia ‘Farm to fork’.
Desde todos los ámbitos del agro europeo se ha exigido la necesidad de aplicar este tipo de cláusulas, sin que haya existido una respuesta clara y objetiva por parte de la Administración europea. Pero, esta reclamación que se sustenta en una expectativa incumplida abre también una insalvable distancia entre la Unión Europea y el sector agrario.
Las clausulas espejo se consideran como una manera de impulsar el desarrollo social y las buenas prácticas agrícolas en los países de origen de los productos que llegan a los mercados europeos. No son, desde la perspectiva de la Unión Europea, una medida estrictamente proteccionista sin más, como plantean los agricultores europeos, algunos de los cuales, incluso parecen sugerir la existencia de este tipo de barreras entre estados comunitarios como se ha dejado sentir en Francia respecto a España.
Todo ello, sin olvidar la realidad del comercio exterior europeo, con una balanza netamente favorable a la UE, que obliga a mantener y defender acuerdos comerciales no siempre beneficiosos para el sector agrario doméstico.
Para complicar aún más la imagen que reflejan estas “clausulas espejo” habría que añadir el análisis de algunos expertos, como el célebre consultor David del Pino, que en un webinar organizado por Plataforma Tierra de Cajamar dejó claro que “quizá las cláusulas puedan proteger a corto plazo el mercado europeo, pero a largo conseguirán que determinados productores exteriores las satisfagan, convirtiéndose en “campeones regionales”, con ventaja competitiva en el acceso a un mercado restringido, generando problemas de supervivencia tanto para otros productores exteriores como para los productores europeos”.
Más por menos
En términos generales hay que reconocer que algunas de las cuestiones expresadas en las calles y en las autovías de toda Europa se basan en un argumento objetivo insalvable. Cada vez son mayores las exigencias que recaen sobre los productores, al mismo tiempo que las ayudas que provienen de la PAC ofrecen un complemento menor para la renta agraria.
La última reforma experimentada por esta piedra angular del edificio europeo incorporó más exigencias de tipo burocrático, pero, sobre todo, abrió la puerta a los condicionantes en materia de sostenibilidad. Se tata de una reforma que ha sido calificada de fallida por organizaciones sectoriales de la Unión Europea, entre las que figura Coexphal y que ha sido puesta en entredicho por organizaciones agrarias como COAG y ASAJA.
Y, como trasfondo de esta cuestión, que es esencial para mantener en condiciones de competitividad y solidez económica al sector, es preciso recordar que las crisis geopolíticas en el entorno de la Unión Europea, desde la guerra de Siria, la agresión de Rusia a Ucrania o la guerra desatada por Israel contra el pueblo palestino con la excusa de acabar con Hamás, no hacen sino requerir un mayor esfuerzo financiero de la UE en materia de defensa.
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