Desvelan el sistema más eficaz para gestionar el consumo de agua en agricultura

Un reciente estudio del grupo de investigación WEARE de la Universidad de Córdoba ha demostrado que la estrategia más eficaz para gestionar la escasez de agua en la agricultura sigue siendo la reducción proporcional del agua disponible a las personas usuarias, en lugar de imponer impuestos adicionales al agua. 

El cambio climático, la sequía creciente, el aumento poblacional y los hábitos de consumo han intensificado la preocupación por la disponibilidad de agua para la agricultura en España. Actualmente, los embalses destinados al consumo humano y agrícola se encuentran al 52% de su capacidad, una cifra que, aunque superior a la de años anteriores, sigue siendo preocupante. La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, con embalses al 41% de su capacidad media, ha estado limitando el agua para riego durante varios años.

El estudio comparó dos políticas de gestión de agua: la asignación por cuotas (reducción proporcional de agua) y la tarifación (imposición de un impuesto adicional), evaluándolas desde perspectivas social y privada mediante un modelo basado en programación matemática positiva (PMP). Este modelo, que reproduce el comportamiento del agricultor en función de datos de ingresos, costes y superficie cultivable, permite prever el impacto de diferentes políticas antes de su implementación.

Los resultados muestran que, aunque un impuesto adicional al agua podría generar ingresos para la sociedad, también resultaría en mayores pérdidas económicas para los agricultores en comparación con la asignación de una cuota de agua. 

Desde el punto de vista social, el impuesto adicional podría tener beneficios al destinarse los ingresos generados a otros fines. Sin embargo, la dificultad de establecer un precio adecuado y el impacto económico negativo sobre los agricultores hacen que la reducción proporcional de agua sea una opción más efectiva y equitativa.

El equipo investigador confía en que estos hallazgos sean considerados por los responsables políticos al tomar decisiones sobre la gestión del agua en situaciones de escasez. La adopción de medidas eficaces y justas es crucial para garantizar la sostenibilidad del sector agrícola y la seguridad hídrica en el futuro.