Los pescadores andaluces, especialmente los de Almería, han recibido un duro golpe con la reciente decisión del Consejo de Ministros Europeo de reducir en un 10% los límites de captura de gamba roja y azul en las aguas españolas y francesas. Esta medida, que también afecta a otras especies clave para la economía local como cigalas, rape y lenguado, tiene un impacto directo sobre el sector pesquero del Mediterráneo andaluz, con especial repercusión en los puertos de Almería, Málaga y Granada.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que, si bien el número de días de faena se mantendrá igual que en 2024, las nuevas restricciones en las capturas se implementarán bajo la condición de que se cumplan medidas adicionales en materia de mallas, vedas y puertas volantes, las cuales se consideran fundamentales para la sostenibilidad del ecosistema.
El sector pesquero del litoral mediterráneo andaluz, que agrupa alrededor de un centenar de embarcaciones de arrastre, es vital para la economía de la región, ya que sustenta a más de 5.000 familias y genera miles de puestos de trabajo indirectos en la industria auxiliar. Con el arrastre representando el 40% de las capturas en Andalucía, la imposición de estas nuevas restricciones amenaza con poner en peligro tanto los puestos de trabajo como la estabilidad económica de las comunidades pesqueras.
José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, ha advertido que las medidas “tendrán consecuencias muy negativas en el territorio, tanto económicas como sociales, afectando no solo a pescadores y armadores, sino también a la industria auxiliar que depende de este sector”.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su rechazo al acuerdo alcanzado por la Unión Europea, considerando que las restricciones tendrán un impacto devastador sobre las flotas pesqueras, que podrían verse obligadas a enfrentar “un amarre forzoso” hasta que puedan adaptarse a las nuevas normativas.
El sector pesquero andaluz, con un total de unas 100 embarcaciones de arrastre, emplea directamente a 500 personas e indirectamente a otras 3.000, lo que subraya la importancia de la pesca en la economía local. Los pescadores y armadores alertan que, sin medidas de apoyo y adaptación, el futuro de la pesca en la región se ve seriamente amenazado.
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