La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una condena de un año y tres meses de prisión dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería contra un veterinario de la Junta acusado de un “delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios”.
Según la sentencia judicial, el acusado realizaba funciones de control oficial en diversos establecimientos comerciales localizados en El Ejido y Berja. Gracias a su condición, conminó a los encargados a comprar materiales presuntamente obligatorios y así evitar sanciones. Sin embargo, estos utensilios no eran necesarios y, en realidad, sólo suponían beneficios económicos para una empresa concreta, a la que pretendía beneficiar, según las diligencias.
El acusado fue condenado en la Audiencia Provincial de Almería y ahora el Tribunal Supremo desestima su recurso de apelación. Además de la condena de prisión, se le castiga con la inhabilitación para ejercer cargo o empleo público, una multa económica e indemnizaciones a los comerciantes afectados por las inspecciones objeto de esta investigación.
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