La Junta apelará al Constitucional para tumbar la "anti prescripción" enfermera

La Junta ha acordado requerir al Gobierno central la derogación de varios artículos y apartados del Real Decreto de Prescripción Enfermera después de que el gabinete jurídico del Ejecutivo andaluz concluyera que  “invade competencias autonómicas”. La Junta no se echa hacia atrás y baraja plantear un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Una decisión que daba ayer a conocer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que es independiente al hecho de que el Tribunal Supremo hiciera pública la denegación de la suspensión cautelar del artículo que afecta a la prescripción enfermera y de que venga a decir que la totalidad del Real Decreto ha de “aplicarse a rajatabla”.

En concreto, el requerimiento de la Junta insta a la anulación de los artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1,10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; apartados 2 y 4 de la disposición final cuarta y el Anexo II, al considerar que existe doctrina constitucional suficiente para afirmar que “el Estado está conculcando competencias autonómicas”, por vulneración de los artículos 149.1.16 y 55 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y por sentencias previas que determinan que las comunidades autónomas tienen reconocidas las competencias en materia de formación continuada y acreditación.

Los artículos afectados regulan el procedimiento de acreditación de los enfermeros previo a la indicación y uso de los medicamentos y productos sanitarios. Según el análisis realizado por el gabinete jurídico de la Junta, son competencia de las comunidades autónomas los aspectos relacionados con la gestión de la formación y los programas formativos, la acreditación administrativa y el procedimiento para su obtención, así como, en su caso, la ampliación de los contenidos mínimos de los protocolos y guías aprobados o validados por el Estado.

Satse El Sindicato de Enfermería Satse aplaude, en una nota de prensa, la postura de la Junta pero, a su vez, pide al SAS que “respalde con unas instrucciones claras la cobertura legal de los profesionales de enfermería para que puedan desarrollar su labor asistencial con garantías”, como venían haciendo hasta ahora.