El Ayuntamiento teme que Medio Ambiente ‘le tumbe’ el Plan General

Una década después de que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital comenzara a caminar, de encontrarse en el camino nuevas normas como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) o el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), planes superiores como el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería (POTAUA), e informes sectoriales que han rediseñado por completo el crecimiento de la ciudad, el planeamiento entra en su recta final sin saber si al final del túnel hay luz o más oscuridad.

La próxima semana se reunirá la Comisión Provincial de Urbanismo y en ella está previsto que el PGOU de la ciudad pase el examen de la Junta de Andalucía. Eso sí, llega sin que de momento el Ayuntamiento de Almería sepa cual es la opinión que la Consejería de Medio Ambiente tiene del plan que lleva en Sevilla desde junio del pasado año.

Precisamente el no saber cual es la opinión que desde Medio Ambiente se tiene del planeamiento tiene absolutamente desconcertado al equipo de Gobierno municipal. Explica el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, que “a pesar de que el informe tenía que estar realizado hace siete meses, después de haber pedido información en Almería y en Sevilla a lo largo de los tres últimos meses, no haya comunicación alguna”. 

El edil de Urbanismo explica que lo poco que saben les ha llegado de forma extraoficial y va en el sentido de que está elaborándose el documento, sin más información.

Comunicación
Aseguran desde el Ayuntamiento que en estas indagaciones han conocido que la próxima semana irá el documento del PGOU a la Comisión Provincial de Urbanismo y que allí se verá el informe de Medio Ambiente del que nada saben. Considera Castellón que esto sería “ir a una política de hechos consumados” por lo que afirma tajante: “si no conocemos el informe antes, no iremos a la comisión”.

Temen desde Urbanismo que este informe sea negativo y que pueda tumbar la aprobación del plan generalsin que no cuenten con ninguna capacidad de maniobra. 

Por ello, y teniendo en cuenta que los plazos dados por la propia Junta de Andalucía, dejarían hasta el 20 de marzo para el pronunciamiento de la institución autonómica, Castellón hace un “llamamiento al diálogo hasta el último momento” explicando que “si hay que hacer cambios al documento se realizan” pero “el problema es que no se sabe en qué sentido, en qué se ha fallado”.

Cree el concejal de Urbanismo que “hasta la comisión provincial hay tiempo para hablar” pero “cuanto más tiempo pasa menos capacidad de maniobra para hacer cambios”.

Compromiso
El delegado de Medio Ambiente, AntonioMartínez, explicaba ayer a La Voz que “el informe se está elaborando en estos momentos por los técnicos” y asegura que “se remitirá al Ayuntamiento antes de que se realice la Comisión Provincial de Urbanismo”. Eso sí, confirma que la intención de la institución autonómica “es convocar el encuentro la próxima semana”.

Según el delegado de Medio Ambiente “ahora es el momento de los técnicos” que tienen que velar porque el planeamiento de la ciudad cumpla con la legalidad.

Sobre la posibilidad del futuro del PGOU si la Junta tumbara el documento, Martínez no quiere pronunciarse sobre “futuribles” pero lo cierto es que habría que saber si hay posibilidad o no de arreglar el plan general o habría que comenzar desde el principio.

Consecuencias El que sí tiene claro lo que pasará si hay voto negativo de la Junta de Andalucía por el informe tardío de Medio Ambiente es el concejal de Urbanismo. Según Miguel Ángel Castellón “se llegará hasta las últimas consecuencias” y no descarta llegar a los tribunales porque “si se ven perjudicados los intereses generales de la ciudad habrá que pedir responsabilidades a quien las tenga”.
Cabe recordar que la no aprobación de este nuevo planeamiento supondría un importante varapalo para las arcas municipales ya que tendrían que devolverse las cuantías ingresadas de los convenios de La Salle con El Corte Inglés, casi 1,2 millones de euros; el pago de los más de 10 millones de euros que costó la construcción de la Jefatura de la Policía Local incluido dentro de un convenio con Predios del Sureste y Compañía de María. Sin contar con la paralización de los nuevos suelos industriales.