Un acuerdo tripartito para frenar los desahucios de las familias más vulnerables

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, suscribieron ayer un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios.

El acuerdo permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

En la provincia de Almería. el Poder Judicial registró más de 800 desalojos durante los tres primeros trimestres del año 2015. Antes, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 los “lanzamientos judiciales positivos” rondan el millar cada año.

El convenio contempla un Protocolo de Actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.

Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.

Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.

Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.