Caso Facturas: un plan urdido para desviar 763.000 euros del Patronato Turismo

Tres años después de que una denuncia de los dirigentes del PP en Diputación levantara la liebre y abriera una investigación judicial sobre posible facturación falsa y pagos de viajes y gastos privados con cargo al Patronato de Turismo en la anterior etapa de gobierno del PSOE, han llegado las conclusiones del fiscal. Y son demoledoras.

El informe de acusación del denominado ‘caso Facturas’ considera al exvicepresidente socialista de la institución, Luis Pérez Montoya, y a la por entonces secretaria general del Patronato, la funcionaria María Teresa González Rivera, responsables de urdir un plan para apropiarse de más de 763.000 euros de dinero público “para quedárselos para si o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de si mismos o de otras personas”. En ese plan habrían tenido participación, en una u otra medida, hasta 18 personas, contra las que Fiscalía formula petición de pena.

El escrito de 38 páginas, elevado al Juzgado de Intrucción número 6, sostiene que ambos, a los que sitúa en la cabeza de la trama, utilizaron una doble vía para aprovecharse de las arcas del organismo autónomo  dependiente de Diputación. Una, la más abultada, fue la concertación con empresarios proveedores del Patronato para que  emitieran facturas falsas por bienes y servicios inexistentes o de cuantía inferior a la facturada.

 Según el escrito, para ejecutar el plan, Pérez Montoya dictaba “en múltiples ocasiones” resoluciones previo informe favorable de la secretaria “acordando la contratación de bienes o de servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí a pagar por el Patronato”. Cuando las facturas llegaban, el entonces vicepresidente estampaba un sello con su nombre y cargo y la secretaria estampaba el “conforme” haciendo constar “mendazmente” -asegura la Fiscalía- que era un servicio efectivamente prestando y acordadnso el pago.  Por este procedimiento  -según Fiscalía- desviaron un monto de 690. 202 euros.

El otro procedimiento fue el anticipo de caja fija, mediante el cual habrían defraudado 73.000 euros. Y, en opinión del fiscal, lo habrían hecho “de común acuerdo” para justificar gastos privados, sobre todo en comidas, que después endosaron al gerente del Patronato de Turismo “cuando aquel no los había efectuado”. Un total de 697 tickets o facturas emitidos hasta diciembre de 2010, fundamentalmente de restauración, les fueron pagados por ese sistema de una cuenta que, periódicamente, Pérez Montoya reponía mediante resolución.

 Además de defraudar juntos, la funcionaria también engañó a Pérez Montoya, cuya firma habría falsificado para quedarse con 22.000 euros de un libramiento para una feria Fitur a la que finalmente no asistió.