Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía cerraron ayer la creación de una Comisión Mixta entre los técnicos de ambas instituciones para solventar los problemas que tiene el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital y tratar así de conseguir la aprobación definitiva del documento lo antes posible.
El encuentro mantenido en Sevilla entre el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, fue “cordial” según ambas partes y aunque se cerró la creación de esta comisión lo cierto es que no consiguió el objetivo principal que perseguían desde el equipo de Gobierno municipal, la total garantía jurídica si se sigue la hoja de ruta dada con la institución.
Explicaba el alcalde tras el encuentro que el consejero fue sincero y que “no pudo garantizar que cumpliendo con todos los pasos, solventando todos los problemas planteados en los informes sectoriales y la realización del estudio de alternativas de crecimiento de la ciudad, no vaya a tener problemas legales de futuro”.
Y es que los planeamientos que se están aprobando siguiendo estas directrices y realizando el estudio de alternativas de forma posterior al resto del documento, están siendo recurridos por los ecologistas al considerar incluso que podría tratarse de un fraude de ley, con lo que el temor en el Ayuntamiento de la capital sigue presente.
Fórmulas
Lo que le dejaron claro a Fernández-Pacheco y toda la comitiva almeriense es que la Junta “ni se plantea” la posibilidad de realizar una aprobación parcial del documento con los desarrollos ya previstos en el documento en vigor y que data de 1998, y que “o se aprueba todo avanzando de la mano con la Junta de Andalucía o hay que empezar desde cero”.
Así las cosas el alcalde opta por “convocar a los portavoces de todos los grupos municipales para mostrarles las opciones que han dado y escuchar su opinión para tratar de tomar una decisión lo más consensuada posible”.
Lo más probable es caminar de la mano de la Junta de Andalucía ya que tanto Ciudadanos como el Grupo Municipal Socialista ya han mostrado el apoyo a solucionar los problemas que plantea el documento en tramitación y tratar de que salga adelante antes de que acabe este año.
Cabe recordar que además de la realización del estudio de alternativas de crecimiento los problemas con los que cuenta el PGOU en tramitación alcanzan a nueve informes sectoriales, algunos informados negativamente y otros cuya aprobación estaba condicionada a algunos cambios del documento.
Sin duda el principal problema más allá de cumplir la directiva europea, se sitúa en el informe de agua. La Junta sigue insistiendo en la necesidad de que el Ayuntamiento solicite las concesiones de agua de los Pozos de Bernal y en la necesidad de incrementar el consumo de agua desalada en los próximos años.
Problemas
Según explicaba el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, en rueda de prensa hace unos días el documento adolece de un informe de población actualizado, principalmente porque empezó a redactarse hace casi doce años.
No contempla la solución para barrios sin saneamiento como Ruescas, Pujaire o La Juaida. Tampoco recoge expresamente quien se tiene que encargar de los gastos para prevenir las inundaciones y avenidas de agua, que debe ser por parte de los promotores y así debe reflejarse.
A esto debe sumarse la necesidad de que en los nuevos desarrollos industriales contemplen tanques de tormentas para evitar las inundaciones en la zona.
Estos son solo algunos de los puntos que deben corregirse antes de la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía, aún mucho trabajo por delante.
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