Una de cada tres hectáreas de la provincia está protegida a cal y canto desde hace diez años. No existe ninguna otra reserva de suelo, en términos relativos, en toda Europa, ningún santuario ecológico de tal magnitud, como el de la provincia del indalo: 328.354 hectáreas, el 37,5% de la superficie, están bajo algún tipo de protección. La media española es del 27%, la andaluza del 30% y la europea del 21%.
Estas cautelas del suelo al desarrollo urbanístico y a la explotación económica, que debe ser entendido como una ventaja a la hora de conservar los valores medioambientales de la provincia, se tornan en lanzas cuando se comprueba que Almería no recibe ni un euro de la Unión Europea, quien la obliga a mantener estos montes, estas playas, estos horizontes, limpios de polvo y paja: una pesada hipoteca a cambio del disfrute bucólico y pastoril de los propios y los extraños, que no es poco, pero tampoco suficiente.
La mayor parte de esta salvaguarda de espacios viene de la catalogación de Zonas de Especial Conservación (ZEC), a través de las propuestas de Lugares de Interés Comunitarios (LIC) que fueron tramitadas por la Unión Europea, a propuesta de la Junta de Andalucía. En total son 269.000 hectáreas desde Punta Sabinal a la Sierra de los Pinos, pasando por grandes espacios como las Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla, Sierra Cabrera-Bédar, los Karst en yesos o los fondos marinos de Alborán o el Seco de los Olivos, hasta un total de 22 LIC. La mayor parte de este suelo, sobre todo en el entorno de la capital, es propiedad de particulares, que, en muchos casos, tienen la sensación de haber sido atrapados en una ratonera. Estas zonas comenzaron su tramitación como espacios protegidos a través de la directiva europea de 1992 de protección del hábitat y en 1995 es cuando se promueve la Red Natural 2000 para toda Europa como instrumento de protección de la biodiversidad de flora y fauna en el continente. Sin embargo, durante esta década prodigiosa de cautelas ambientales, la inversión en mantenimiento y los planes de gestión prometidos por Bruselas no han llegado. La comisaria europea de Agricultura y Medio Ambiente en 2006, Marian Fischer, prometió que los programas de la Red Natura 2000 tendrían los fondos necesarios a través de la línea de desarrollo rural. Pero de los 7.200 millones librados ese año de 2006, más otros tantos en las anualidades siguientes, ninguna cantidad se ha dedicado a financiar la Red Natura, a pesar de las promesas, para la preservación y regeneración de estos espacios, a día de hoy intocables, ni tampoco a la redacción de planes de gestión que pueda hacer viable algún tipo de actividad agraria. La Red Natura afecta de un modo esencial a los sectores básicos de la economía almeriense: invernaderos, explotaciones de yeso, ganadería, pesca, promoción residencial y hostelería, que quedan parcialmente prohibidas en esas zonas protegidas por la Unión Europa, a raíz de la propuesta realizada por la Consejería de Medio Ambiente basada en el planteamiento de una comisión científica de la UAL.
El municipio más protegido de Europa es la propia capital almerienses con el 60% de su superficie de 29.621 hectáreas, blindado por diversos planes de conservación.
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