La exdelegada de Empleo de la Junta en Almería Francisca Pérez Laborda, imputada en la causa de las ayudas a la formación, ha defendido este lunes que siempre ha actuado conforme a la legalidad establecida y con el "máximo rigor", si bien se ha negado a responder a las preguntas de los distintos representantes políticos en la comisión de investigación creada en el Parlamento, argumentando que al estar inmersa en una investigación judicial su abogado se lo desaconseja porque podría poner "en peligro" su derecho de defensa.
Así se ha pronunciado Pérez Laborda durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación ´Barrado´, y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Sin responder
Pérez Laborda, aunque no ha respondido a las preguntas de los diputados sí que ha realizado una intervención inicial de unos 15 minutos de duración en la que ha realizado un resumen del procedimiento de concesión de las subvenciones. Seguidamente, ha dicho que ha vivido "un calvario" en el último año, que ha hecho daño a su persona y a su honor. "He sufrido un escarnio público que me ha provocado una enfermedad grave", ha explicado.
Así, tras asegurar que esta situación no solo le ha afectado profesionalmente sino también de manera personal y familiar, ha explicado que se encuentra "injustamente" en un proceso judicial y que, aunque su vocación de servidora pública le empujaba a responder a cuantas preguntas se le hicieran en esta comisión, no lo va a hacer por consejo de su abogado, quien se encontraba sentado a su derecha.
Pérez Laborda, visiblemente nerviosa y con la voz entrecortada, ha defendido que está complemente convencida de que se ha actuado "correctamente" desde la dirección provincial de Empleo de Almería. También ha asegurado que "jamás" ha recibido órdenes ni directrices de sus superiores para incumplir la legalidad vigente, ni ha dado trato de favor a ninguna empresa.
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