Justicia elimina medio millón de expedientes en Almería datados entre 1945 y 1998

La Consejería de Justicia e Interior ha eliminado ya en la provincia de Almería más de medio millón de expedientes judiciales antiguos y sin valor, una medida aprobada por la Junta de Expurgo, de la que forman parte el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales.

En concreto, la Junta de Expurgo ha determinado desde el año 2012 la destrucción en esta provincia de un total de 504.088 expedientes judiciales carentes de valor, guardados en 10.933 cajas y correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas del periodo comprendido entre los años 1945 y 1998.

En toda la comunidad autónoma andaluza, tras haber realizado una nueva destrucción de 23.464 cajas con cerca de 1,3 millones de documentos, se han llegado a los 4,3 millones de expedientes eliminados, que han supuesto para la Administración de Justicia un ahorro de 157.000 euros al no tener que mantener la custodia de esos papeles.

Este proyecto forma parte de la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental para facilitar el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

Criterios de selección
La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.