Las defensas piden la nulidad de las escuchas y los registros de la Operación Costurero

La multitud agolpada en el acceso a la sala número siete  de la Ciudad de la Justicia de Almería anticipaba la densidad de la primera sesión del juicio oral del Caso Costurero, reservada únicamente a las llamadas “cuestiones previas”.
La veintena de abogados personados en la causa iniciaron su estrategia con el objetivo de tumbar las bases de la acusación sobre presuntos delitos urbanísticos cometidos en el municipio de Zurgena entre los años 2003 y 2007 y el orientar el desarrollo del juicio, ya desde el comienzo.

Las defensas solicitaron la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros efectuados durante la operación de la Guardia Civil en abril de 2008. La eliminación de las pruebas obtenidas durante la intervención de la Policía Judicial supondría un golpe de flotación a la acusación del Ministerio Público y provocaría un giro radical en el caso.

El fiscal José María López Cervilla pide para los acusados penas que suman 1.184 años de prisión y 7.000 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad en documento público.

Sin embargo, las defensas consideran que buena parte de la documentación extraída en la operación de la Policía Judicial emanaba de un auto irregular. Carecía de la firma del juez instructor. De este modo, según la versión de las defensas, el registro en el Ayuntamiento de Zurgena se hizo sin las garantías legales y, además, rompió la cadena de custodia de documentos repartidos en 14 cajas sin una adecuada clasificación.

Y, por otra parte, los abogados aseguran que el auto de autorización de las escuchas telefónicas emitido por el Juzgado de Instrucción número Dos de Huércal-Overa no justificada adecuadamente el objetivo de los ‘pinchazos telefónicos’.

Ahora, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería dictará una providencia con un plazo de cinco días para que las partes presenten sus alegaciones sobre las cuestiones previas planteadas en la vista oral celebrada este martes en la Ciudad de la Justicia. Si se cumplen las previsiones, el Ministerio Fiscal se opondrá a las peticiones de las defensas y el tribunal comenzará la deliberación sobre las “cuestiones previas”.

Calendario
Luego la Audiencia de Almería tendrá que establecer un calendario de sesiones para el desarrollo del resto de sesiones del juicio del Caso Costurero, esto es, las fechas para las declaraciones de los acusados, los testigos y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Esta fase nuclear del procedimiento tardará meses.

La investigación señala a 25 acusados por delitos vinculados a la ordenación urbanística en Zurgena. El ex alcalde Cándido Trabalón se enfrenta a una petición de 180 años de cárcel y 1.035 años de inhabilitación para empleo público. Mientras, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, se defiende de una petición fiscal de 213 años de prisión por prevaricación urbanística y cohecho.

El resto de los procesados son miembros de la corporación zurgenera entre los años 2003 y 2007, que votaron a favor de la concesión de licencias, funcionarios municipales y empresarios fundamentalmente. El caso estudia la concesión de licencias para suelos no urbanizables y/o protegidos.

Acuerdos
Cuatro acusados en el proceso del Caso Costurero han alcanzado acuerdos con el fiscal José María López Cervilla para aceptar la responsabilidad penal a cambio de una reducción de las condenas. Las conformidades se plasmaron durante la celebración el martes de la primera sesión del juicio oral.

Carlos Domingo B. F., Adoración G. F., José S. S. y Fernando J. R. evitarán una hipotética condena de prisión en el futuro. Los cuatro acusados serán condenados a un máximo de 18 meses de cárcel, pero se sustituirá la pena  por una multa económica.

Este mecanismo es común en los tribunales e, incluso, se recomienda en instrucciones del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Las conformidades permiten acelerar la resolución de los casos, puesto que se evita el trámite del juicio. Además contribuyen a disminuir el número de acusados.

Carlos Domingo B. F. actuó como técnico municipal y emitió informes favorables a la concesión de licencias. El fiscal asegura que, en connivencia con Trabalón y Tijeras, “decidieron usar el subterfugio de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando aquél contara con servicios como acceso por vía urbana”.

Mientras, Adoración G. F., José S. S. y Fernando J. R. se enfrentaban a un año y medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. José S. S. y Fernando J. R. eran administradores de una empresa inmersa en un proyecto de 13 viviendas. Adoración G. F., por su parte, era la directora técnica de la iniciativa.