Siete años y dos meses después de abrir diligencias penales, el Caso Poniente, que investiga la mayor trama de corrupción detectada hasta la fecha en la provincia de Almería, ha quedado formalmente cerrado con 65 imputados, encabezados por el que fue alcalde de El Ejido durante quince años, Juan Enciso, mientras que sobre 13 de los investigados se ha acordado el sobreseimiento, cuatro de ellos por haber fallecido.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Jesús Miguel Hernández Columna, ha ordenado la transformación del caso en procedimiento abreviado en un auto de más de 45 folios en el que desgrana cómo operaban los grupos familiares y de interés que presuntamente se lucraron con más de 60 millones de euros procedentes de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido, a través de un entramado de sociedades y subcontratas. Los delitos que se les imputan, en diferente grado, son los de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El caso se denunció en 2007, año en el que el fiscal Anticorrupción de Almería abrió diligencias de investigación. En abril de 2009 había ya indicios de la existencia de una presunta trama delictiva y el asunto se judicializó con la apertura de diligencias penales. El 20 de octubre de 2009, por orden de la entonces titular del Juzgado de Instrucción 2, Montserrat Peña, fueron detenidas 20 personas en El Ejido, Sevilla y Madrid, pertenecientes a cinco grupos familiares, entre ellas el alcalde, Juan Enciso, el por entonces interventor municipal, José Alemán, y varios empresarios de su entorno, como Juan Antonio Galán y José Amate Rueda, además de familiares directos de todos ellos.
Un sumario descomunal
En el tiempo de instrucción transcurrido, la nómina de imputados a los que se ha tomado declaración en este procedimiento ha llegado hasta más de 80, aunque finalmente algunos han quedado fuera del caso. Si la de imputados es considerable, el resto de las cifras del caso son también de una magnitud única en los tribunales almerienses. Más de quinientos tomos; casi 300.000 folios; más de 1,6 millones de archivos informáticos, una veintena larga de abogados personados.... todos los elementos que hacen de esta una macrocausa que, probablemente el próximo año, se convertirá en un macrojuicio en la Audiencia Provincial de Almería.
Una malversación millonaria
Se tratará de dilucidar si, como han cifrado los peritos de la Agencia Tributaria en su informe, los implicados presuntamente se lucraron con más de 60 millones de euros procedentes de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido a través de hasta 90 sociedades, muchas de las cuales conseguían sus cuantiosos ingresos a través de facturación a Elsur, una empresa mixta que crearon en 1995 el Ayuntamiento y el grupo Abengoa. Los delitos que se imputan en este caso -según personas- son seis: malversación de caudales, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y fraude fiscal.
Además de la Fiscalía de Almería, en la causa están personados como acusaciones populares el Ayuntamiento de El Ejido, Partido Popular e Izquierda Unida, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria como acusación particular. En el auto, el magistrado instructor ordena dar traslado del procedimiento al ministerio fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 60 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular procesamiento.
Contra el auto de transformación en procedimiento abreviado podrá interponerse recurso de reforma ante el magistrado instructor en el plazo de tres días y, subsidiaria o directamente sin necesidad del anterior, recurso de apelación ante la Audiencia de Almería en plazo de cinco días.
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