El alejamiento y la prohibición de comunicaciones son las medidas de protección a las víctimas de violencia de género más conocidas. Sin embargo, la normativa ofrece un abanico de opciones distintas a los jueces para garantizar la seguridad de las denunciantes y sus hijos.
Cada medida se adapta a las circunstancias de cada caso, el nivel de riesgo y las condiciones de la familia. El año pasado, por ejemplo, los jueces ordenaron la retirada de la guarda y custodia de los hijos a 18 padres denunciados por malos tratos, según cifras oficiales del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de 2016, la cifra alcanza la docena.
Se trata de una medida de protección que, en cualquier caso, alcanza a procesos todavía abiertos en los tribunales, donde el denunciado todavía no ha sido condenado por maltrato. Sin embargo, la autoridad judicial evalúa el riesgo (informes forenses y policiales) y opta por limitar el acceso a los hijos de la pareja en conflicto.
Del mismo modo, durante el 2015 se tomaron otras medidas orientadas a los menores como la supresión del régimen de visitas (cuando existen unas condiciones pactadas o fijadas legalmente tras la separación) o la suspensión de la patria potestad.
Durante el primer trimestre de 2016, en la provincia de Almería se incoaron más de 692 diligencias por delitos contra la mujer. La mayoría está vinculada a la violencia de género, aunque también se han iniciado procedimientos por delitos contra la libertad sexual, contra la intimidad y la propia imagen y contra la integridad moral. Además, en el mismo periodo, se enjuiciaron en torno a un centenar de personas. De los procesados hasta marzo, sólo 14 fueron absueltos. Más del 80 por ciento acabaron condenados.
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