La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida coloquialmente como ‘Banco Malo’, toma medidas para evitar nuevas okupaciones en su parque de inmuebles en el barrio capitalino de Villablanca (cercano a Torrecárdenas).
Operarios instalaron la semana pasada portones en las casas de los residenciales para impedir la manipulación de las cerraduras y el acceso a las propiedades, una situación generalizada en los dúplex vacíos del ‘Banco Malo’ en el entorno.
La Policía Nacional de Almería ha realizado informes sobre la situación del barrio e identificado a los residentes irregulares, asentados en viviendas que oficialmente quedaron pendientes de vender y estaban vacías. En esas inspecciones, los agentes detectaron incluso cerraduras cambiadas. Esto es, se forzaron y luego se sustituyeron por otras.
La decisión de reforzar la seguridad de las puertas complementa otras acciones iniciadas contra los okupas. La más importante es la denuncia por el allanamiento que actualmente se ventila en los Juzgados de Instrucción de la capital (cada vivienda, cada caso, se dirime en un Juzgado de Instrucción tras un acuerdo alcanzado en la junta de jueces para repartir la carga de trabajo).
Además, el Ayuntamiento de Almería y operarios de las empresas de suministro de electricidad y agua han participado en la eliminación de los enganches ilegales en Villablanca. Muchos okupas habían optado por conectar las casas con la red pública. De este modo, no sólo defraudan el suministro sino que además provocan situaciones de riesgo por la manipulación de cableado.
El pasado mes de enero, como adelantó LA VOZ DE ALMERÍA, se dictó la primera sentencia judicial para el desalojo de un familia okupa en Villablanca. El magistrado Jesús Hernández Columna ordenó el desahucio y condenó a Antonio S. O., Dolores F. C. y Cristina R. M. al pago de una multa de 270 euros por “un delito leve de usurpación de bien inmueble”.
La sentencia destacó que los acusados “forzaron la puerta” del dúplex ubicado en La Vaguada de Villablanca e insiste en la voluntad. “Los acusados sabían que el inmueble tenía un propietario y conocían que no tenían autorización del mismo para vivir en la casa (...) incluso permanecen en el citado inmueble durante la vista”.
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