La Junta retirará en seis años el amianto de los centros educativos

La presencia del amianto en los centros educativos andaluces tiene los días contados. El Consejo de Gobierno daba ayer luz verde a un plan de actuación de retirada de este mineral que, si bien “no supone ningún  riesgo para la salud, se realiza por motivos de prevención”, explicó el  portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez. 

La actuación, dotada con 60 millones de euros de presupuesto, se prologará hasta el año 2022 en dos fases: la primera, hasta 2020,  permitirá realizar un registro de las infraestructuras afectadas (escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares) de  manera que, serán los informes técnicos de la Consejería de Educación los que marquen el proceso de retirada. En la segunda, hasta 2022, se acometerán el resto de las intervenciones.

Retirada
Las actuaciones se llevarán a cabo durante el periodo estival una vez terminado el curso escolar. Para este verano de 2016, la Junta prevé realizar 30 ejecuciones en aquellos centros donde exista un riesgo de desprendimiento de fibras de este material. 

En Andalucía, el número de centros afectados por  asbesto son  220 lo que supone un 3% del total de  las instalaciones escolares públicas. A falta de datos oficiales, en Almería, la última denuncia realizada a este respecto la protagonizó,  en el mes de junio,  el sindicato de enseñanza CGT que cifraba en, al menos tres, el número de centros afectados en la provincia.  

En concreto , el CEIP Virgen del Mar de la capital, cuyos depósitos de agua son de uralita,  el IES Los Ángeles de Almería cuyo tejado de los módulos formativos de automoción son de este mismo material y finalmente el CEIP Nuestra Señora de la Salud, de Laujar de Andarax. 

Pioneros
Desde la Junta de Andalucía, el portavoz Miguel Ángel Vázquez  destacó que la planificación aprobada "significa la apuesta de este Gobierno por la educación pública", anteponemos razones de salud y seguridad de los usuarios por el compromiso con la comunidad educativa y la educación pública", dado que  "no existe ninguna obligación ni exigencia legal al respecto". De hecho,  la Conferencia europea sobre amianto que se celebró en 2003 solo indicaba la necesidad de elaborar planes de acción nacionales para la gestión, control y eliminación del amianto en el entorno laboral y social con el horizonte de 2028. Por tanto, con esta aprobación, Andalucía  se sitúa muy por delante del conjunto de España y de la UE al prever concluir en un periodo de seis años  (2016-2022) la retirada de este mineral de los centros educativos. 

Finalmente, Vázquez  lamentó que no exista en la actualidad ningún plan nacional a este respecto que “permitiría una labor coordinada de todas las administraciones”,  puntualizó.