La facilidad para obtener una orden de protección varía según el partido judicial

La facilidad para obtener una orden de protección en un caso de violencia de género depende de factores jurídicos y, en ocasiones, también del lugar de incoación del procedimiento. Unos pocos kilómetros pueden suponer la diferencia entre la aprobación de una medida (por ejemplo, una orden de alejamiento) y el rechazo.

Los jueces cumplen la ley, pero tienen capacidad para interpretaciones más o menos restrictivas. Y las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permiten trazar un mapa de estas tendencias en los ocho partidos de la provincia de Almería.

La demarcación de Roquetas de Mar está entre las zonas más exigidas en materia de malos tratos. Entre los años 2013, 2014 y 2015 recibió 738 peticiones de protección a supuestas víctimas de violencia de género y sólo denegó 8. Casi un pleno. El porcentaje de medidas aceptadas roza el 99 por ciento.

En cambio, El Ejido se coloca en el extremo opuesto. Con 356 solicitudes de medidas de protección recibidas en el mismo trienio, los jueces aprobaron sólo el 61 por ciento. Más aún, el año pasado apenas aceptaron un tercio de las órdenes, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial, que publica informes periódicos sobre la materia.

De forma simplificada, siempre según estos datos, Purchena, Huércal Overa y Vera se sitúan en la tendencia más proclive a las medidas cautelares (por encima del 96 por ciento de órdenes aprobadas). Mientras, Almería, Berja y Vélez Rubio rondan el 85 por ciento.

Las causas de estas diferencias no están claras, aunque evidencias tendencias jurídicas distintas. En España existen muestras de este fenómeno muy llamativas. Unos órganos aceptan todas las peticiones recibidas como una medida de seguridad para las denunciantes mientras se indaga en el fondo de los casos y, a la vez, partidos judiciales como Barcelona han rechazado 8 de cada 10 solicitudes incoadas.

¿Quién pierde más?
Las víctimas consideran imprescindible las órdenes de protección como una medida de seguridad para las mujeres y sus hijos que, además, apoyan la voluntad de continuar con los procesos. Por tanto, un porcentaje más bajo de  aprobaciones es perjudicial.

Sin embargo, asociaciones de padres han criticado duramente la imposición ‘sistemática’ de medidas de alejamiento y prohibición de comunicaciones, abonando la teoría de la existencia de denuncias falsas que afectan a procesos paralelos vinculados a la custodia de los hijos.

Esto es, una denuncia de violencia de género puede suponer en algunos partidos judiciales la imposición ‘casi’ automática de una orden de alejamiento. Por eso se felicitan por una cifra de denegaciones más elevada. En la provincia de Almería sólo la capital cuenta con un órgano especializado, con competencias exclusivas. El resto tiene funciones mixtas.