La futura ley sobre la discapacidad beneficiará a 42.300 almerienses

La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que ya ha sido aprobada en Consejo de Gobierno, contempla novedades que, en principio, van a beneficiar a las más de 42.300 personas con discapacidad de la provincia. 

Entre las cuestiones más novedosas y mejor valoradas por las diferentes asociaciones que velan, en la provincia, por los derechos de las personas con discapacidad, están las relacionadas con la promoción de la empleabilidad. Medidas “muy necesarias ya que las personas con discapacidad tienen una tasa de desempleo superior a la media”, apunta el presidente de FAAM, Valentín Sola, que señala cómo en la provincia a fecha de 31 de julio había desempleadas 1.826 personas con discapacidad.

El impulso a la formación para el empleo (mediante mayor reserva de plazas en Escuelas Taller y Casas de Oficio) viene respaldado en el proyecto de ley con la apuesta por los Centros Especiales de Empleo (con la reserva del 5% del importe anual de la contratación pública a estas empresas cuya plantilla está formada mayoritariamente por personas con discapacidad) y el impulso a una educación inclusiva en todas las etapas, incluida la universitaria.

Para hacer realidad algunas de estas cuestiones, la futura ley hace hincapié en la autonomía que garantiza una vida independiente (asistencia personal y reserva del 4% de la vivienda  protegida, por ejemplo). De cualquier modo, esto no será posible si la accesibilidad no es universal. 

Este es, de hecho, otro de los objetivos de la nueva norma, que deberá aprobarse en el Parlamento andaluz, después de que los agentes sociales, las diferentes asociaciones y también los partidos políticos de la oposición, hagan sus respectivas aportaciones.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, insiste en este punto y anima a las asociaciones y agentes sociales a estudiar bien el proyecto de ley para que en el debate en comisión parlamentaria se incluyan las reivindicaciones de los colectivos.

Vigilar la contratación
Sánchez de Amo, reconoce también la importancia de impulsar el empleo e insta a la administración pública a controlar que las empresas de más de 50 trabajadores cumplen con el cupo mínimo de contratación a personas con discapacidad. 

En esta línea, la futura ley mantiene la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para favorecer la inclusión social.

El fomento del turismo y el ocio inclusivo están también incluidos en la ley.

Una norma que el Partido Popular ve bien, “siempre que se escuche a las asociaciones, sus aportaciones, y tenga partida presupuestaria para ser una realidad y no mero papel mojado”, dice la parlamentaria Aránzazu Martín. 

Las novedades 
1. En el ámbito formativo y del empleo
Como novedad se establecerá una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo organizados por el Gobierno autonómico. Esta cifra se eleva al 5% para Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. Habrá, además, un plan de empleabilidad con enfoque de género. 

2. Centros Especiales de Empleo (CEE)
Se fijará una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los CEE (empresas con un 70% de trabajadores con discapacidad, como mínimo). Además, habrá desempate obligatorio a favor de las empresas con mayor número de personas con discapacidad. 

3. Violencia de género
Se valora el mayor riesgo de sufrir abusos por parte de niñas y mujeres de este colectivo y establece medidas como, adecuación de casas de acogida o servicios de atención telefónica a mujeres sordas.

4. Perros guía
Es novedoso el reconocimiento del uso de perros de asistencia con libre acceso a todos los lugares, alojamientos, locales, transportes y otros espacios de uso público sin que conlleve mayor gasto.

5. En el ámbito de la salud
Se impulsa la Atención Temprana y ajustes a los programas de salud pública y también accesibilidad a cualquier espacio o consulta sanitaria.

6. Mayor autonomía
Se impulsará la vivienda tutelada, se exigirá a las universidades un censo del alumnado con discapacidad y se impulsará la iniciativa privada.