Más se asemeja a una paradoja de lo absurdo que a un plan trazado con el sentido común: en la zona de Los Lobos, Guazamara y Los Guiraos, barriadas de Cuevas del Almanzora, la protección de un reptil puede acaba con decenas de cortijos, canteras de mineral, 40.000 naranjos y limoneros, olivos y palmitos y 500 hectáreas de tierras de labor que son punteras en tecnología y que pagaron miles y miles de euros para regarlas con aguas del Trasvase del Negratín.
No es una broma, es real: todo ese de producción agroindustrial que da empleo a algunos cientos de personas con invernaderos de hortalizas y verduras de hoja verde, todo un estilo de vida rural en casas centenarias, se puede ir al garete para proteger a un quelonio estresado por la pérdida de hábitat provocado por los raíles de la alta velocidad.
El AVE tiene que compensar a la tortuga con una reserva especial para su crianza y eligió ese valle cuevano, entre las sierras de Almagro y Almagrera, para pagar la deuda.
Cuando se dio a conocer este plan, en 2011, desde el propio ministerio de Fomento se anunció que se paralizaría y se elegirían unos terrenos que no pusieran en jaque tierras de labor y viviendas vecinales. Pero las promesas no cristalizaron y la única realidad escrita, entre tanta palabra, es la del BOE que el pasado 5 de septiembre publicaba el proyecto que afecta a más de 200 propietarios. El próximo 26 de septiembre los afectados están citados en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora para firmas las actas previas de ocupación y quizá perder sus casas y haciendas.Esa es, hasta ahora, la realidad de los hechos.
Mientras tanto, los vecinos han empezado a movilizarse entre tantas noches en vela, y el próximo miércoles, el alcalde Antonio Fernández y la diputada del PSOE, Sonia Ferrer, viajarán a Madrid, para entrevistarse con el director general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que promueve las obras, y hacerle ver que es urgente una modificación del proyecto.El Adif ha recibido durante tres años propuestas diferentes para la ubicación de la reserva, en la zona de la Capellanía y en terrenos próximos al Pantano, pero no los ha considerado. El primer edil ha manifestado su disconformidad con el proyecto de expropiación de más de 500 Ha que “afecta a más de 290 propietarios de nuestro municipio, con grave perjuicio para sus viviendas, su actividad agrícola y el desarrollo económico y social de la zona y ha exigido al Gobierno central que cumpla con el compromiso que adquirió con los afectados de estudiar otra alternativa”.
El Ayuntamiento “ha adoptado todas las medidas jurídicas necesarias a su alcance para frenar este procedimiento de Expropiación Forzosa. Además, desde el consistorio “no se tiene constancia de que se haya sometido el proyecto de medidas compensatorias al dictamen preceptivo de la Comisión Europea, en este sentido.
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