Telefonía y bancos generan más de la mitad de las reclamaciones a Consumo

Los conflictos por gestiones financieras y productos de telecomunicaciones generan el grueso de las reclamaciones a Consumo en la provincia de Almería. Préstamos hipotecarios, créditos personales, fondos de inversión y contratos de telefonía y televisión provocan más de la mitad de las peticiones de intervención registradas durante el ejercicio 2015.
Según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desvelados en una respuesta parlamentaria, Consumo recibió 2.588 quejas por parte de ciudadanos almerienses. El 52 por ciento corresponden a los sectores mencionados, muy por encima de las reclamaciones sobre servicios como la salud o el suministro de bienes básicos como el agua  y la electricidad.

En el ámbito de las gestiones financieras, “las principales causas que han originado estas reclamaciones han sido irregularidades en operaciones bancarias, desatención a los consumidores, irregularidades en tarifas de comisiones aplicadas, cobros injustificados de gastos, irregularidades en la calidad de los servicios, cargo en cuenta de recibos no autorizados y condiciones no transparentes en los contratos”, según precisa la Junta. Por su parte, en el ámbito de las telecomunicaciones, las protestas se acumulan en “servicios integrados, telefonía móvil, telefonía fija, correos y telégrafos, Internet, servicios de mensajería, televisión y locutorios”. 

Estos conceptos acumulan más de 1.300 expedientes en la provincia de Almería. El resto pertenecen a sectores como el comercio minorista, la hostelería, el ocio o la automoción. Asimismo, las Juntas Arbitrales de Consumo recibieron unas 700 peticiones de mediación. En la provincia de Almería existen tres delegaciones de las Juntas de Arbitraje de Consumo, dos en la capital y una en El Ejido, según el directorio de la Junta de Andalucía. Su objetivo es mediar entre los usuarios descontentos con un producto o servicio y las empresas.

Algunas están adheridas a una lista de compañías acreditadas para el arbitraje. Es una especie de sello de calidad que se ofrece al cliente, como una garantía frente a cualquier conflicto, que se resolvería automáticamente mediante el laudo de la Junta Arbitral de Consumo. 

El resto de las empresas señaladas por la reclamación de un ciudadano descontento (la mayoría) reciben una comunicación oficial y deben decidir si se someten o no al arbitraje.  Tiene varias ventajas. El arbitraje ofrece rapidez (máximo 6 meses) y es gratuito (salvo gastos de peritaje).