La Fiscalía lucha “infradotada” contra las bandas y la corrupción

Cada caso de corrupción llega a juicio convertido en un monstruo de siete cabezas. Años de trabajo plasmados en miles de folios. Decenas de acusados, testigos y peritos. Semanas de vista oral y, probablemente, meses de espera a la resolución de los recursos.  Sólo el procedimiento del Caso Poniente en El Ejido cuenta con 65 procesados y 185.000 folios repartidos en más de 500 tomos. Es sencillo imaginar el esfuerzo dedicado por los profesionales de la administración de justicia para domar a este gigante y afrontar con garantías el futuro juicio.
Sin embargo, la misión puede convertirse en épica cuando los medios escasean y el monstruo se hace demasiado grande. En este escenario se mueve la Fiscalía de Almería. 

Con un volumen cada vez mayor de asuntos de corrupción, bandas organizadas y delitos económicos complejos, la institución encabezada por Antonio Pérez-Gallegos advierte de la limitación de recursos a su alcance.
Según destaca la Memoria Fiscal 2016, presentada la pasada semana, la Fiscalía de Almería se encuentra “infradotada” frente al volumen y la entidad de los asuntos ingresados.  “Continúan en ascenso, año tras año, los procedimientos complejos y graves relacionados con la corrupción política y social y los referidos a grupos o bandas organizadas en los que se imputan diversos y complejos delitos y en los que aparecen numerosos investigados”, indica el informe”. 
Esta situación “requiere un mayor esfuerzo y dedicación de los fiscales, por lo que la carga de trabajo sigue aumentando considerablemente”, añade la memoria de Almería.

La Fiscalía Provincial incoó en 2015 unas 77.000 diligencias previas. Es una cifra similar a la registrada en 2014, apenas un 2,7 por ciento por encima en la comparativa interanual. Sin embargo, es un problema fundamentalmente cualitativo. Los asuntos más difíciles y farragosos siguen aumentando y generan dos problemas evidentes: cumplir con todas las garantías legales y responder a la responsabilidad depositada en los fiscales en la persecución de delitos de un enorme impacto social.

“Lo que ya comentábamos el año pasado y reiteramos en este  es que vuelven a aumentar los procedimientos de especial complejidad, tanto por la gravedad y variedad de los hechos delictivos objeto de los mismos como por el elevado número de acusados o procesados, tratándose los diversos supuestos de grupos o bandas organizados”, subraya el fiscal jefe de Almería Antonio Pérez-Gallegos.

“Conlleva una mayor carga de trabajo tanto durante la tramitación del procedimiento como durante la celebración de los juicios correspondientes que se suelen celebrar durante varios días incluso semanas o meses”, añade.
Las cifras de la Memoria 2016 son profusas y apuntalan las valoraciones del fiscal jefe. Una muestra. El año pasado se incoaron 61 procedimientos sumarios (homicidios, violaciones, agresiones sexuales, tráfico de drogas cualificados), 3.000 procedimientos abreviados (para delitos castigados con penas de hasta 9 años de cárcel) y siete casos con jurado popular (suelen durar semanas por su mecanismo, más lento).

Para desarrollar este trabajo, la Fiscalía Provincial de Almería cuenta con 34 fiscales. Estos profesionales atienden la cobertura de los procedimientos de 53 órganos judiciales, obviamente con casos de una complejidad muy diferente.
Para ejemplificar los problemas, el fiscal jefe describe un día de la semana. El particular martes negro, cuando los juzgados de instrucción cambian de guardia y la celebración de la vista oral de los juicios obliga a los fiscales a multiplicarse para estar en todos sitios. 

“No es difícil imaginar lo complicado que resulta algunos días atender todos los servicios y señalamientos (...) especialmente complicados son los martes (...) es habitual encontrarnos con ocho señalamientos de juicios de faltas, cinco Juzgados de lo Penal, tres Secciones de la Audiencia (...), vistas en el Juzgado de Menores, vistas civiles en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, vistas en el Juzgado de Familia y a veces vistas civiles en uno o dos Juzgados civiles de la capital”, explica Pérez-Gallegos en el informe  anual de la Fiscalía General del Estado.

“Estamos convencidos que no se da un supuesto similar en ninguna otra Fiscalía Provincial de todo el estado español. Consideramos que son datos muy elocuentes de lo infra dotada que está esta Fiscalía”, advierte. “Se puede observar que los números de esta Fiscalía son superiores a los de otras muchas Fiscalías con una plantilla que a veces duplica a la nuestra”, añade Antonio Pérez-Gallegos en su diagnóstico. La preocupación se enmarca además en un periodo determinante para la investigación y persecución de casos de corrupción y desfalco que tanto alarman a la población y que requieren de preparación, dedicación y recursos.