“Por cada estación desatendida, entre 5 y 8 personas irían a las listas del paro”

La Comisión Nacional del Mercado de Competencia ha aprobado un informe en el que apoya a las estaciones de servicio sin personal. 

FEDAES quiere que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia  sea cesado de su puesto.
FEDAES quiere que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sea cesado de su puesto.
Mari Carmen Varón
12:17 • 13 sept. 2016

Después de tres años como presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Almería, Antonio Felices ha llegado  al cargo de presidente de la Federación Andaluza. La Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) apoya la actividad de las gasolineras sin personal para beneficiar así el libre mercado, y en ese sentido Felices no está de acuerdo.




¿Cual es su opinión  frente al posicionamiento que hace la Comisión Nacional del Mercado de Competencia sobre la venta de carburantes en instalaciones desatendidas?




El informe es un auténtico disparate, una barbaridad sin sentido común. Un informe que define literalmente al trabajador, “como una carga” dentro del proceso productivo o comercial merece estos calificativos. En este sentido, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es coherente con lo manifestado sobre el empleo en su discurso de investidura: deberá cesar de manera inmediata al presidente de la Comisión por faltar a la verdad y por parcialidad irresponsable. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es un organismo que debe ser imparcial; debe tutelar los intereses de todos los grupos empresariales por igual; debe velar porque la competencia se genere en condiciones de igualdad y tiene que escuchar a todas las organizaciones empresariales antes de posicionarse.  




¿Por qué cree que se sugiere al Gobierno que adopte  los criterios que se recomiendan en el informe?




Con el argumento de la caída del precio, que yo considero un argumento totalmente artificioso, se hacen unas recomendaciones impropias de un organismo que debe velar por la imparcialidad de los mercados. Si indagamos en el origen de la mayor parte  de estos ‘nuevos empresarios’, son grupos que,  ante el derrumbe de las licitaciones de obra pública, intentan crear nuevos negocios, al margen de la legalidad, y sin importarle los derechos de los consumidores, de los colectivos de personas con discapacidad y el daño que estas instalaciones provocan en el sector laboral. Hay que tener en cuenta que por cada estación desatendida que se ha abierto en España, entre 5 y 8 personas han ido al paro.




¿Por qué estas estaciones generan desempleo entre el sector tradicional?




La razón es que se ubican al lado de gasolineras tradicionales, o muy cerca, y con precios en monolito diez céntimos  de media inferior frente a las estaciones convencionales. De este modo atraen al consumidor de un modo que sin duda alguna es engañoso. Al vender combustible con la mínima calidad exigible por la normativa de industria, no llevan aditivo específico de calidad, les supone un ahorro en el coste de unos cinco céntimos por litro. A esto le suman parte del coste que representan los trabajadores (no tienen) y que suele ser de unos 7 céntimos por litro. De este modo se crea un precio ‘artificioso y temporal’ que puede provocar esa hipotética rebaja de diez céntimos.




¿Qué se podría hacer ante esto?


Ante esta situación, a los empresarios tradicionales solo nos queda una solución: poner en nuestros postes suministradores aceptadores de tarjetas y mandar a nuestros empleados al paro. No podemos competir de otra manera. Esto llevaría a una reconversión encubierta del sector, a destruir una red de estaciones de servicio modélica y admirada en toda Europa, y a la destrucción de un empleo estable y consolidado como el que genera nuestro sector. La adopción de los criterios recomendados por la CNMC generaría un desempleo de unas cien mil personas entre puestos directos, indirectos y de servicios que dependen del sector. En este sentido, FEDAES ejercerá acciones judiciales, civiles y penales frente a los responsables de estas instalaciones.


Según este informe, este tipo de instalaciones desatendidas existen en Europa...


Es una verdad ‘a medias’, que siempre son la peor de las mentiras. Alemania, por ejemplo, que es el paradigma del modelo europeo, teniendo más del doble de gasolineras que en España, las instalaciones desatendidas, suponen el 1%  del total, y además suelen estar instaladas en núcleos rurales o de alta montaña, lejos de las grandes ciudades o núcleos de población, y con unas condiciones técnicas de seguridad y una normativa mucho más restrictiva que la española. En Inglaterra, el panorama es parecido. En Francia -donde las estaciones blancas de los hipermercados tienen una cuota significativa- no están desatendidas. Los hipermercados, tienen una cabina de control donde hay un empleado, que en caso de riesgo, actúa, o en caso de necesidad ayuda al usuario consumidor. Asimismo, retiran cualquier derrame  para preservar y cumplir con toda la normativa medioambiental. ¿Cómo se puede poner de ejemplo Dinamarca, cuando es un país que en toda su extensión tiene menos gasolineras que la Comunidad Autónoma Andaluza? O Italia, donde precisamente por haber amparado este modelo de instalaciones, existen cientos de estaciones de servicio, cerradas, con el impacto medioambiental y paisajístico que ello supone?


¿Están en contra de la entrada en el sector de estos nuevos empresarios?


Lo que pedimos al Gobierno es que cualquier persona física o jurídica que pretenda acceder al sector ‘compita bajo las mismas reglas’. La competencia leal principia por que todos tengamos igualdad de condiciones. El posicionamiento de la CNMC es claramente favoritista y muy alejado del concepto de igualdad. Creemos que tiene que primar la persona y el empleo por encima del beneficio económico, y en consecuencia poner el acento en la creación de puestos de trabajo y no en los automatismos, y más en una actividad como la nuestra, donde se manipula un producto peligroso y explosivo como es la gasolina. En este sector, la seguridad solo puede ser garantizada por la presencia de una persona en la instalación mientras esta esté abierta al público. No pedimos que estas instalaciones se cierren, solo que se les obligue a cumplir la ley y empleen un trabajador por turno laboral mientras estén abiertas al público. Solo así se puede garantizar la seguridad de los ususarios, la normativa medioambiental y los derechos de los consumidores y las personas con discapacidad, además de otros colectivos de especial protección.


¿Son peligrosas las estaciones de servicio desatendidas?


Sí. De hecho, se han producido varios accidentes graves, como consecuencia de la presencia de gasolina y de sus gases. En el Pita de Almería, donde murieron tres personas, no había combustible pero persistían los gases del mismo. El escenario es análogo al de la zona de surtidores de las Estaciones de Servicio. Es un área muy delicada si se reposta hablando con el móvil, con las luces encendidas, o fumando. En estos casos, el empleado deberá advertir al conductor y, si persiste en la situación de riesgo, cortar el suministro y  avisar a las  autoridades. ¿Cómo va a ser esto posible con una cámara de seguridad? Este año se han producido cuatro fallecimientos, al menos seis heridos graves y otros incidentes peligrosos por explosión de gasolina.


¿Son ilegales?


Sin duda. Este modelo de negocio que la CNMC quiere implantar no garantiza la seguridad, no permite al consumidor el derecho básico fundamental de  interponer una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, y lo que es más importante: el consumidor no puede verificar que la cantidad de combustible suministrado es la correcta o se corresponde con lo que paga al no poder comprobarse la cantidad exacta que se está repostando. Estas instalaciones, además, al no contar con personal, vulneran gravemente los derechos y la protección a las personas con alguna discapacidad física, que se ven discriminados y obligados a buscar alternativas de uso.


¿El combustible que se vende en este tipo de instalaciones sin personal es el mismo que el que se suministra en las estaciones convencionales de la Red de Estaciones de Servicio?


El Ministerio de Industria establece para todos los combustibles que se venden en este país unos estándares mínimos de calidad, y eso lo cumplen -o deben cumplirlo- todos los combustibles. Las operadoras tradicionales de este país añaden en el momento de la carga del camión cisterna sus propios ‘aditivos’, para potenciar la calidad especifica del combustible. Los aditivados por ellas solamente se venden en las estaciones abanderadas por la Red. Uno de los operadores tiene puesto como publicidad junto al boquerel de suministro el siguiente  slogan publicitario: ‘llenando el depósito de este combustible te llevará hasta 56 kilometros más’. Si esto no fuese verdad, y no estuviera comprobado, sería imposible publicitarlo, pues se le habría sancionado por publicidad engañosa. No se puede confundir ni engañar a la ciudadanía diciendo que los combustibles que se venden en los hipermercados, las cooperativas o las instalaciones desatendidas son los mismos que se venden en una gasolinera tradicional porque no es cierto. El consumidor debe elegir dónde le es más conveniente repostar, pero siempre debe hacerlo con conocimiento de causa y perfectamente informado.


¿Qué organizaciones  apoyan esta reivindicación?


No solo desde la Patronal de Estaciones de Servicio rechazamos de modo absoluto esta resolución. FACUA-Consumidores en Acción, todas las organizaciones nacionales y regionales de personas con discapacidad (COCEMFE), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras y el Partido Socialista muestran su aversión a este informe. En este sentido, he de manifestar que el secretario del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ángel Heredia ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, José María Marín Quemada, para que explique las conclusiones del informe del organismo que preside, en el que se apuesta por desregular el sector, y las razones para ello en una medida que puede generar, sólo en Andalucía, un aumento del paro de más de diez mil personas.



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