Las obras del soterramiento avanzan a buen ritmo, y ya es visible cómo van tomando forma en las inmediaciones de las antiguas casas de la RENFE, viviendas que han sido expropiadas con el objetivo de permitir el desarrollo de una de las actuaciones más esperadas para la ciudad: la llegada de la Alta Velocidad. Mientras las máquinas no cesan su trabajo, despejando el terreno para lo que se augura como una transformación urbanística de gran calado, en estas viejas viviendas aún resisten varias familias que se mantienen firmes en su negativa a abandonar los hogares donde llevan años viviendo.
En medio de este tira y afloja, las excavadoras continúan su labor, marcando el paso del tiempo hacia la ejecución de un proyecto que cambiará para siempre el paisaje de la capital almeriense. La llegada del AVE, anunciada para 2026, avanza, aunque para muchos, la incertidumbre sobre su futuro se sigue alimentando con cada jornada que pasa.
Sentencia para unos, recurso para otros
El 28 de abril de 2023 marcó el inicio de un proceso judicial que ha dado un nuevo giro, orientando la resolución de sobre las casas de la calle Ferrobús hacia un final y su posible postergación. La justicia ha otorgado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la autorización para proceder al desalojo de las familias que aún continúan viviendo en los inmuebles. Este fallo permite avanzar en las obras necesarias para que la Alta Velocidad llegue a la capital, pero dejaría a varias familias en una posición de vulnerabilidad, ante la inminente salida.
Desde que la sobras comenzaran a llamar a las puertas de los residentes de Ferrobús, Adif habría alcanzado acuerdos con 38 propietarios, abanando el importe de las viviendas. Sin embargo, aún quedan irreductibles vecinos que se encuentran viviendo en régimen de alquiler y se resisten al desalojo. Después de conocer el fallo, estos moradores, afectados por la sentencia, han decidido recurrir la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, argumentando que no se ha valorado adecuadamente su situación socioeconómica.
Unos alquileres fuera de su presupuesto
Gran parte de los inquilinos que componían la comunidad de Ferrobús han sido, en su mayoría familias vulnerables con pocos recursos, y desde que comenzó este pleito han intentado negociar indemnizaciones que les permitiesen mudarse a otras viviendas. Algunos lo habrían conseguido, pero sin embargo otros, no han logrado encontrar un alquiler adecuado a su renta. Los elevados precios del mercado inmobiliario en materia de arrendamiento, han provocado que aún queden vecinos viviendo en las antiguas casas de la RENFE, a pesar del largo litigio con Adif.
La defensa de los afectados, ha solicitado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería la elaboración de un informe psicosocial de vulnerabilidad que permita reflejar con precisión las necesidades de las familias que se verán obligadas a abandonar sus hogares. Esta solicitud busca que las administraciones competentes actúen de forma preventiva, con el fin de garantizar que los recursos necesarios estén disponibles para mitigar el impacto social y económico que conlleva el desalojo forzoso. El objetivo es evitar que las familias que aún se encuentran viviendo en Ferrobús, muchas de las cuales ya atraviesan situaciones de precariedad, se queden desamparadas o en una situación de mayor vulnerabilidad.
El informe serviría como base para que tanto el Ayuntamiento como otras instituciones puedan ofrecer un apoyo adecuado, desde alojamiento temporal hasta ayudas económicas, con el fin de que las personas afectadas puedan hacer frente a esta nueva situación sin caer en la marginación social.
La incertidumbre y la ansiedad se han instalado entre los vecinos, que denuncian una falta de soluciones adaptadas a sus circunstancias. Mientras tanto, la resolución judicial permite a Adif continuar con un proyecto clave para el futuro ferroviario de Almería, pero que no deja de generar tensiones en el ámbito social.
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