La Junta explora alternativas para unir los tres juzgados de Huércal-Overa en una sola sede

“Hay que significar las deficiencias apremiantes que sufren muchos órganos judiciales y que no se terminan de solucionar, muchas invariables desde 2010 en que se hizo el primer recorrido por la situación de las infraestructuras judiciales (...) en Almería, las mayores deficiencias las presenta una de las sedes judiciales de Huércal-Overa”.

El fragmento extraído del informe anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2015 desvela las carencias de los edificios judiciales huercalenses y conmina a la Administración a realizar una inversión que mejore las condiciones de trabajo y la atención a la ciudadanía.

La Junta de Andalucía recoge el guante y explora ahora soluciones para remodelar las infraestructuras del municipio. El principal objetivo es unificar en un sólo espacio los tres órganos del partido judicial de Huércal-Overa, actualmente separados en dos sedes.

Según confirma la delegada del Gobierno en Almería, Gracia Fernández, la Junta estudia varias propuestas para mejorar las instalaciones, entre ellas la posibilidad de alquilar una sede que permita paliar las carencias de los juzgados a corto plazo, a la espera de mejores recursos económicos en el futuro.

El martes se celebró una reunión multilateral en el Palacio de Justicia de Almería. El encuentro se configuró como una mesa de trabajo multilateral con presencia de la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, el juez decano de Huércal-Overa, Jesús Martínez Torrente, el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez-Gallegos, el alcalde de la localidad, Domingo Fernández Zurano, y representantes de la Junta de Andalucía, entre ellos la propia delegada del Gobierno en Almería.

Gracia Fernández asegura que los interlocutores manejan opciones diversos y cuentan con propuestas firmes de propietarios particulares para el alquiler de un espacio que permita unir los tres órganos judiciales. 

Este camino cuenta con dos escollos claves, a saber, la necesidad de una obra de adaptación del recinto y el compromiso de la Junta de Andalucía de pagar de nuevo alquileres, un modelo que la Administración se ha esforzado por reducir a su mínima expresión en los últimos años (la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Almería y el Palacio de Justicia de El Ejido supuso millones de euros de ahorro anual a las arcas públicas autonómicas).

Otras soluciones pasan por los ‘activos” de la Junta en la localidad. El Ayuntamiento de Huércal-Overa cedió un solar para la construcción de una futura sede judicial moderna y adapta a las nuevas necesidades de una demarcación muy exigido por el volumen y entidad de los asuntos. Es la mejor ideal para todas las partes, pero es cara y choca con las apreturas presupuestarias del momento. 

Y, por otra parte, uno de los dos edificios que albergan hoy los juzgados de Huércal-Overa (junto al Ayuntamiento) es propiedad de la Junta y podría abrir vías como una venta o una permuta.

Los actores de esta mesa de trabajo se han citado para nuevas entrevistas con el objetivo común de resolver los problemas de la sede, arrastrados desde hace años. El primer contacto ha sido “positivo”, según fuentes consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA.

El proyecto parado
La Consejería de Justicia e Interior tiene las competencias en la materia desde el año 1997. Tiene a su cargo la gestión de las infraestructuras, los recursos materiales y los empleados públicos, si bien la Junta depende de otros órganos como el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial o incluso de la Fiscalía General . De ahí la necesidad de equipos de trabajo multilaterales.

La Junta ya adjudicó el proyecto para la construcción de un nuevo edificio judicial (en propiedad), cuyo coste rondaría los 7 millones de euros. Sin embargo, la crisis y la limitación presupuestario frenaron en seco la idea. También sucedió algo similar en Roquetas de Mar (los juzgados están en una sede alquilada, en los bajos de un bloque de viviendas). 
El retraso ha motivado críticas a la gestión de Justicia e Interior, especialmente por parte de los operadores y del Partido Popular.