Un total de 21.342 empleados públicos de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería (trabajadores de la Administración, docentes y personal sanitario, ...) se van a beneficiar de la reducción de la jornada laboral de 25 horas semanales aprobadas ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, bajo la presidencia de Susana Díaz Pacheco.
El dato fue avanzado a principios de este verano por la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Gracia Fernández, y enmarcado en una serie de compromisos que la Junta adquirió con organizaciones sindicales como CSIF, UGT y Comisiones Obreras.
Hasta ahora, la jornada laboral máxima quedó establecida en 37,5 horas semanales, tras haberlo acordado así el Ejecutivo de la Nación, con Mariano Rajoy.
El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, se mostró esperanzado ayer en que el Gobierno central no recurra esta medida andaluza, como sí ha hecho hace unos meses con una similar en Castilla-La Mancha.
En una nota tras la reunión del Consejo de ayer, la Junta informó que en el conjunto de la comunidad autónoma el decreto ley para la aplicación de esta medida mejorará las condiciones de más de 270.000 trabajadores, reforzará la calidad de los servicios y aumentará las oportunidades de empleo público en la comunidad.
Se añadió que la recuperación de las 35 horas forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del pasado 2 de junio con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
La tramitación como decreto ley, fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, permitirá implantar la medida dentro del calendario acordado. El 16 de enero se llevará a cabo en la Administración General, para extenderse después a los sectores sanitario y educativo.
La adaptación de los servicios públicos al restablecimiento de las 35 horas estará sujeta a la negociación colectiva con los representantes de los empleados.
En este proceso se tendrán especialmente en cuenta las características del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de flexibilidad que se negocien en cada ámbito, mientras que en la Administración educativa la jornada se implantará progresivamente a partir del curso 2017/2018 por razones de organización y planificación del próximo calendario escolar.
La devolución los derechos laborales suspendidos a los empleados públicos se ha venido realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura.
Así las cosas, el personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25% por el proceso de redistribución del trabajo que se llevó a cabo, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras comunidades autónomas.
Asimismo, tras años de congelación retributiva, en enero de 2016 ya se aplicó a todos los empleados públicos autonómicos una subida salarial del 1% (máximo permitido por la legislación estatal).
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