La aparición de una patera en el Mar de Alborán desencadena un complejo mecanismo de protocolos, colaboraciones y trámites legales. Cuando los inmigrantes están a salvo en tierra, quedan custodiados temporalmente en unos módulos ubicados en el Muelle de Poniente del Puerto de Almería a la espera de las gestiones de Extranjería, siempre bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción de guardia.
Los inmigrantes irregulares se enfrentan a una orden de expulsión del país, pero poseen unos derechos ineludibles (podrían, por ejemplo, pedir asilo político). Por eso deben comparecer ante el juez antes de pasar a un centro de internamiento de extranjeros (un máximo de 60 días) o ser repatriados.
Y es aquí donde surge el problema. La Policía Nacional puso en marcha la pasada primavera un sistema de videoconferencias en el Muelle de Poniente que permitía eliminar el traslado físico de los inmigrantes hasta la Ciudad de la Justicia de Almería. Así se podían dedicar menos agentes de seguridad ciudadana a estos desplazamientos burocráticos. Pero el sistema no termina de funcionar al cien por cien.
El sindicato UFP en Almería (Unión Federal de la Policía Nacional) pide “más implicación” a los jueces para sacar adelante este proyecto. “Hemos conseguido con estos nuevos medios tecnológicos evitar traslados que en ocasiones pueden ser peligrosos y evitar realizar dispositivos especiales para estos servicios”, señala su delegado en Almería, Raimundo Morales. “Gracias a esta herramienta se gana en eficiencia y seguridad en Almería puesto que las patrullas de Policía Nacional no tendrán que hacer traslados y custodia de inmigrantes irregulares por lo que redundará en beneficio de la seguridad ciudadana”.
Protocolos
Morales recalca que “todos los actores implicados deben de poner más de su parte en que este proyecto salga adelante, los ciudadanos de Almería necesitan más patrullas de Policía en la calle”. “No se entiende que en un principio uno de los Juzgados de Instrucción se quede fuera del proyecto, y menos aún que trascurridos seis meses sean 3 de 6”, añade.
Luis Columna, juez decano de Almería, ha advertido la ausencia de un protocolo para concretar el funcionamiento de las videoconferencias y que el cumplimiento de la legalidad es imprescindible y puede exigir, en algunas ocasiones, la necesidad de una comparecencia física.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Almería matiza que remitió un protocolo marco visado por el Consejo General del Poder Judicial y el TSJA a la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, hace dos semanas.
El año pasado llegaron a Almería 1.500 inmigrantes en 82 pateras. Sin embargo, durante 2016 las cifras se han superado ya y aún quedan dos meses y medio para concluir el ejercicio.
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