Las acusaciones: el saqueo fue una trama de grupos familiares

El presunto saqueo de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido durante años -al menos entre 2002 y 2009- que intenta acreditar la investigación conocida como caso Poniente tiene dos indiscutibles figuras estelares -el exalcalde ejidense, Juan Enciso, y el exinterventor José Alemán- pero un reparto mucho más extenso de personajes señalados como participantes activos y beneficiarios de un enriquecimiento ilícito de decenas de millones de euros a costa del dinero público.

Hasta 65 personas podrían sentarse finalmente en el banquillo de los acusados para responder de un total de nueve delitos diferentes.  Las dos partes personadas en el procedimiento junto a la Fiscalía, el propio Ayuntamiento de El Ejido e Izquierda Unida, solicitan para todos ellos un montante de penas que suman 1.102 años en el primer caso y 803 en el segundo.

Ambos coinciden en buena medida en las calificaciones de los delitos imputables a cada una de esas personas, aunque hay algunas diferencias, fundamentalmente en lo que respecta a los participantes secundarios. 

Más cárcel o más dinero
En general, la representación legal del Ayuntamiento reclama un castigo de más años de prisión para todos los imputados, mientras que la formación de izquierdas pone más el acento en la reclamación de elevadas indemnizaciones a los presuntos responsables de apropiarse de los fondos públicos. De hecho, mientras el Consistorio cifra el perjuicio ocasionado a las arcas municipales en 84,5 millones de euros, Izquierda Unida maneja una cantidad muy superior, concretamente de 225 millones de euros. 

Grupos de intereses
Los 65 investigados a los que ya se acusa formalmente figuran cada uno de ellos relacionados con la actividad de un determinado grupo.

Y es que la presunta trama de corrupción organizada que desvela la investigación del Caso Poniente dibuja un sistema de funcionamiento que respondía a la acción complementaria y jerarquizada de distintos grupos, cada uno de ellos con un líder claro, y con relaciones cruzadas entre ellos.

Así, según relatan las diligencias judiciales, unos eran los facilitadores de los contratos públicos a empresas de la trama a cambio de comisiones (Enciso y Galán); otros, los empresarios que sobrefacturaban a las arcas públicas del propio Ayuntamiento o de Elsur (José Amate, Juan Antonio Galán, los hermanos Lirola, Jesús Aragón y otros) para sacar pingües beneficios y pagar los favores; otros, los que hacían ‘la vista gorda’, colaboraban en dar apariencia de legalidad y además sacaban sustancioso provecho (como Abengoa, socio privado de Elsur, funcionarios municipales o proveedores del Ayuntamiento).

Y cada uno de los cabecillas de esos grupos -apunta la investigación- se rodeaba de afines (familiares, amigos, empleados de menor rango..) que participaban en una u otra medida del reparto de beneficios, bien obteniéndolos de forma directa bien colaborando en presuntas actividades de blanqueo o como testaferros.  
Hasta ocho grupos con estas características aparecen identificados en el sumario y en los escritos de acusación de las partes. 

Millones a los bolsillos particulares
El desvío de dinero procedente del Ayuntamiento de El Ejido a los bolsillos particulares de los principales grupos de la trama parece acreditado en las diligencias de investigación seguidas en el Juzgado de Instrucción número 2 desde el año 2009.

Los varios informes periciales aportados a lo largo de la instrucción tanto por la Administración General del Estado como por la Agencia Tributaria han puesto cifras, nombres y apellidos, al presunto saqueo. Entre los que más provecho sacaron de su relación con el Ayuntamiento de El Ejido estaría la familia de José Amate, exdirectivo de Abengoa, cuyas subcontratas, controladas por él, su mujer, hijas y yernos, sobrefacturaron a Elsur nada menos que 24,6 millones de euros cuyo rastro sigue la investigación judicial hasta el patrimonio particular de todos ellos.

El Grupo Abengoa, socio de Elsur y, en consecuencia, obligado a velar por el buen funcionamiento de la empresa de servicios habría obtenido un beneficio de 20 millones de euros a cambio de hacer justo lo contrario. Por su parte, Juan Antonio Galán, subcontratista también de Elsur, habría facturado 15,6 millones de euros de más con sus empresas. Y, así, otros contratistas como Colaboradora de Recaudación y Gestión, Hermanos Lirola y varios más.