El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido este viernes a la empresa Sacyr, adjudicataria por 40,04 millones de euros de la ejecución de obras del AVE entre Almería y Murcia en el tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora, que "se atenga a las consecuencias" si se arriesga a "romper" el contrato, tal y como comunicó la sociedad mercantil a ADIF ante el retraso sufrido en las expropiaciones.
"Una empresa como Sacyr que tiene enormes intereses en la contratación pública tiene que saber qué se está jugando con esto", ha apuntado Hernando, quien ha señalado que esto "no es una pequeña obra en Almería" sino que se trata de algo "más serio" puesto que "un contrato con ADIF" es "un contrato con el Gobierno".
Hernando ha incidido en que sería un "gravísimo error" que la mercantil tratara de obtener una mejora en el contrato, con el que se hizo tras una baja del 51 por ciento sobre el precio de licitación, dado que obtuvo la adjudicación "mejorando la parte económica" sobre otras empresas, por lo que "tiene que asumir esas consecuencias" y "tienen que ser consecuentes" ya que "nadie les obligó a presentar esa oferta". "En la vida unas veces ganas y a veces pierdes, pero chantajes no", ha apostillado.
Con esto, ha trasladado su "total apoyo" al Ministerio de Fomento para evitar que la acción de la empresa provoque un "colapso" en la ejecución de las obras, toda vez que ha señalado la responsabilidad de ADIF a la hora de "obligar a la empresa a mantener sus compromisos" para que "de forma inmediata" comiencen las obras.
El portavoz del PP cree que la posición de la contratista ha sido "acertada" y ha augurado que, si "hacemos las cosas bien" el AVE entre Almería y Murcia podrá estar durante la presente legislatura. "El Gobierno está intentando que las cosas estén funcionando en el menor periodo de tiempo posible", ha asegurado Hernando, quien ha señalado el interés de su partido en esta infraestructura.
Asimismo, ha asumido las quejas ciudadanas por que estas obras "no han ido lo suficientemente rápido" pero no ha reconocido la "legitimidad" del PSOE para protestar al entender que, cuando sustentaba el Gobierno, "había dinero" para acometer el Corredor Mediterráneo y "no fue una prioridad" para los socialistas, quienes además, dejaron obras "sin pagar".
Sobre estas deudas, se ha referido a los pagos que, según ha explicado, realizó el Gobierno a partir de 2012 para los tramos ejecutados en Sorbas, que "no servía para nada" dada su falta de "conexión con el norte y sur" y que costaron "700 millones de euros".
El dirigente popular ha asegurado que las obras "se pueden empezar ya" a través de algunas cuestiones como "el vallado" de la reserva para la protección de la tortuga mora --´Testudo graeca´-- o la retirada de los ejemplares de esta especie amenazada, cuyo hábitat se ve amenazado por el trazado de la Alta Velocidad. Hernando ha precisado también que se espera recibir antes del 20 de diciembre el informe técnico sobre el estudio de alternativas del corredor natural de las especies animales.
ADIF
El Ministerio de Fomento, a través del ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha movido ficha. En un comunicado oficial emitido ayer tarde, respondió de manera rotunda a Sacyr, la empresa adjudicataria de las obras del tramo del AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora, y le instó a iniciar ya los trabajos de la plataforma.
Entiende ADIF, al igual que hiciera el miércoles por la noche una fuente autorizada, que no hay motivo alguno para la rescisión de contrato que ha pedido Sacyr, que ganó el contrato a mediados del pasado año.
Mientras tanto, a lo largo del día de ayer se sucedieron las reacciones a favor del inicio ya de las obras. Así lo pidieron tanto representantes del propio Gobierno de la Nación como partidos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida), la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Almería y agentes sociales.
Fuentes cercanas a Sacyr (no ha habido pronunciamiento oficial de la empresa sobre la polémica) mantienen que el proceso de expropiaciones ha motivado, a su vez, un incremento de los costes de ejecución del tramo Pulpí-Cuevas y, asimismo, ha provocado que se retrase el inicio de las obras.
Pues bien, el Ministerio de Fomento no encuentra ahora inconvenientes para que dentro de unos días ya haya en la zona máquinarias y operarios de Sacyr.
“En estos momentos el proceso expropiatorio de los terrenos necesarios para la construcción de este tramo que discurre por los términos municipales de Pulpí y Cuevas del Almanzora está concluido y la empresa contratista puede iniciar los trabajos”, mantiene Adif en el comunicado de ayer tarde.
Sí reconoce Adif que junto al proceso expropiatorio las obras se han retrasado “por una actuación consensuada con la Junta de Andalucía para la recogida de los ejemplares de tortuga mora existentes, dentro de un calendario medioambiental que permitiese la captación de los ejemplares”.
En relación a lo anterior, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias recuerdan que “se está estudiando en colaboración con el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, la reducción de la zona necesaria de realojo de la tortuga mora, que requiere la expropiación de una serie de terrenos en cumplimiento del Proyecto de Medidas Compensatorias del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad”.
Ese estudio, según mantienen desde el PP de Almería, podría estar concluido el mes que viene.
El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, se expresó en términos similares al comunicado de ADIF.
Otra administración vinculada con ese tramo de Alta Velocidad ferroviaria es la Junta de Andalucía. Ayer se pronunció al respecto su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios.
La Administración andaluza exigió al Gobierno del PP dar explicaciones y una “respuesta rápida”, después de que Sacyr haya pedido a ADIF la rescisión del contrato para el tramo de AVE Pulpí-Cuevas del Almanzora.
Jiménez Barrios ha considerado que esta circunstancia supone “volver sobre la misma piedra con la que se había topado el Gobierno de PP”, y que “la decepción que hoy recorre Almería merece una respuesta y acción rápida por parte del Gobierno”.
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