Consumo estudia los derechos de las personas consumidoras ante la contratación de hipotecas

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería ha acogido hoy una nueva reunión del Consejo Provincial de Consumo, órgano consultivo, de participación, mediación, diálogo y concertación en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias. El Consejo ha analizado, entre otros asuntos, la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda de Andalucía, aprobada en el mes de mayo en el Parlamento por unanimidad.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha presidido la reunión del Consejo Provincial de Consumo, en el que se integran las organizaciones de consumidores Facua, UCA y Asociación de Amas de Casa Virgen del Mar, junto a la Asociación de Empresarios de Almería, Asempal.

En el encuentro, ademas de la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda de Andalucía, se han abordado también asuntos como la actualización de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que afectan a la tramitación de denuncias por parte de consumidores y usuarios y las subvenciones en materia de Consumo para asociaciones y organizaciones de Andalucía.

José María Martín ha explicado que “este consejo tiene, entre otras funciones, la de actuar como órgano de mediación para la resolución de conflictos relacionados con el consumo de bienes y servicios y la promoción de la colaboración y el diálogo entre las organizaciones empresariales y de los consumidores”.  El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha señalado que “la prioridad de la Consejería de Salud en materia de consumo es la protección a la ciudadanía, a través de la regulación, la vigilancia y el control de las actividades económicas que garanticen un consumo seguro, responsable, ético y solidario”.

José María Martín ha recordado tras la reunión que “la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda de Andalucía tiene como principales objetivos, proporcionar información y herramientas a las personas consumidoras para tratar de acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. El objeto de la ley, según el artículo 1, es garantizar la protección de las personas consumidoras y usuarias regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe facilitar en la suscripción de préstamos o créditos hipotecarios sobre una vivienda.

Martín ha afirmado que se trata de “un proyecto en el que se recogen diversas medidas que avalan la transparencia en la que se han de desenvolver las relaciones entre las entidades y los usuarios, para que de esta manera, desde antes, y en el momento de la firma de las obligaciones contraídas por ambas partes, se informe al prestatario de los términos concretos aplicables en la vida del préstamo”.

Los cambios en la Ley
El proyecto de ley prevé la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. Además, por parte de la Administración andaluza, mediante la creación de órganos sectoriales de mediación, se impulsará la mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso.

“Esta ley se encuadra en la línea estratégica que se ha marcado el Gobierno Andaluz en esta legislatura de consolidar derechos ciudadanos y preservar las garantías de los mismos frente a toda tentación de retroceso que pudiera suponer una merma en los niveles de protección ciudadana”, ha recordado el delegado.

En la nueva norma se prevé que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá que las empresas prestamistas que otorguen préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda incluyan en las condiciones generales o específicas de contratación la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, pudiendo tener las personas consumidoras información sobre las empresas adheridas al mismo.

En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, el proyecto de ley incorpora la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago de las rentas de alquiler.  El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.

Además, establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece que se promoverá la elaboración del modelo ‘Contrato de Préstamo Hipotecario de Confianza’ con la participación de la Junta y de las asociaciones de consumidores, entre otras.